Hay desconfianza, por las imprecisiones conceptuales y la falta de claridad, en la implementación del nuevo modelo educativo que de manera piloto se iniciará en las escuelas mexicanas en este ciclo escolar 2022-2023. La propuesta se centra en la función de la didáctica cuando en México el magisterio es una de las grandes debilidades en el país. Tenemos maestros excelentes y comprometidos, otros que se resisten al cambio y algunos, tal vez muchos, que se integran a los vicios sindicales.
Se anuncia un modelo cuando hay un gran rezago de aprendizajes y deserción por el COVID y no hay un plan puntual de recuperación. En los últimos dos años perdimos un millón 700 mil alumnos en nivel básico y medio superior; además, hay una afectación en la parte emocional de los estudiantes y maestros por la pandemia, y las autoridades escolares no presentan estrategias de apoyo para estas deficiencias, pareciera que esto no es prioritario para la actual administración.
Los cambios de modelo educativo deben tener una visión a futuro con diagnósticos puntuales de áreas de oportunidad. Aunque no sorprende al venir de la 4T, entre los argumentos para el cambio expresan la necesidad de acabar con una herencia neoliberal y eurocéntrica que, desde su perspectiva, limita al sistema escolar. Pretende cambiar la desigualdad y racismo que dejaron las reformas a la educación en las últimas tres décadas. Hubiera sido interesante conocer el diagnóstico e información concluyente que motiva a los cambios propuestos. Un modelo educativo no debe estar ligado a cuestiones ideológicas sino pedagógicas.
Siendo la educación la principal herramienta de justicia social preocupa que la visión de la administración de AMLO carezca de un plan educativo orientado a desarrollar la capacidad personal para contribuir de manera colectiva hacia el bienestar social. Tener un programa con estrategias definidas que prepare a los estudiantes para entender la realidad histórica y así intervenir, con conocimiento, en el contexto actual de una manera sustentable. Estar preparados para evolucionar y adaptarse al cambio.
La propuesta define la relevancia de la escuela, la comunidad y el entorno social para promover la formación integral. Expresa estar vinculado a la realidad rural y urbana, que pone en el centro a las escuelas como una institución de formación para la ciudadanía y donde es posible construir, reconocer y valorar la diversidad social, cultural, económica, lingüística y sexual.
El nuevo modelo ofrece contenidos que son imprescindibles con márgenes de acción para que los docentes decidan qué otros materiales enseñar de forma complementaria. Esta flexibilidad y la autonomía curricular para el denominado co-diseño son complejas y además, requieren de nuevas metodologías de enseñanza.
Delegar en ellos la elección de los contenidos pedagógicos que puedan servir para la contextualización de los conocimientos, de entrada, plantea dudas en términos de preparación formal universitaria y perfil de egreso, y capacitación de acuerdo con las nuevas funciones que deben realizar.
Se espera que los docentes integren a los programas analíticos los temas identificados a nivel local. De igual forma, deberán tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. Lograr esto implica tener maestros con muy buena preparación y libres de presiones administrativas.
Teniendo un magisterio con fuertes vicios sindicales y deficiencias en la calidad de su preparación y desarrollo continuo, se cuestiona si esta flexibilidad sea factible en estos momentos que vive el país. Además, ¿serán capaces de no dejarse influir por afiliaciones políticas? ¿Se modificará el esquema de asignación de plazas escolares con nuevos criterios de evaluación?
Por otra parte, el Estado deberá tener la capacidad para integrar, sin manipulación todas estas adecuaciones locales para no fomentar brechas de aprendizaje; así mismo, documentar lo que se ha hecho en cada comunidad para el seguimiento correspondiente.
Se señala también que las comunidades escolares serán las que diagnostiquen sus necesidades y establezcan sus criterios de evaluación, lo cual deja a las escuelas más vulnerables en desventaja. Por una parte, no hay garantía de que los gobiernos de los estados asignen recursos para estas tareas y lo que es más preocupante, se desestima la evaluación estandarizada que nos permite identificar avances en aprendizajes imprescindibles y contar con referencias internacionales de estándares asociados a la excelencia. Será todo un reto establecer mecanismos de evaluación relacionados con el contexto en que se desarrolla la educación.
Con todos estos cuestionamientos, 30 millones de alumnos regresaron a clases. Bueno, esto no aplicó en Zacatecas por temas de violencia ni en Chiapas porque hubo paro de maestros. Ojalá estos y otros temas críticos del entorno mexicano no contaminen el proceso educativo.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com