El 10 de diciembre concluyó la campaña de activismo vinculada al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre. Se trata de una iniciativa global que, año con año, se replica en numerosos países y organizaciones para visibilizar las distintas expresiones de la violencia de género, fomentar la prevención y fortalecer los mecanismos de protección.
El 10 de diciembre es también el Día de los Derechos Humanos y subraya que la violencia contra las mujeres sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida en el mundo. Actividades de sensibilización, acciones comunitarias y pronunciamientos institucionales buscan consolidar una cultura de igualdad y exigir el cumplimiento efectivo de los derechos de mujeres y niñas.
En términos históricos, los avances que hoy permiten nombrar y enfrentar estas violencias se fortalecieron a partir de la década de 1970, cuando la investigación feminista comenzó a documentarlas como problemas estructurales. Este camino culminó en instrumentos internacionales como la Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) y la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), que hoy sustentan iniciativas como los 16 Días de Activismo.
Hablar de violencia de género es siempre doloroso por la amplitud y persistencia de sus manifestaciones. La literatura especializada y los marcos normativos reconocen la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y doméstica; así como la violencia comunitaria, institucional y laboral. A ellas se añaden modalidades específicas como la trata de personas, la explotación sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, los feminicidios y la violencia digital —que incluye el acoso en línea, la vigilancia tecnológica y la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Existen también formas menos visibles, pero no menos graves. La violencia ginecológica y obstétrica afecta la autonomía en la atención médica; la violencia política busca limitar la participación y la voz pública de las mujeres; y la coerción reproductiva intenta controlar decisiones sobre maternidad y anticoncepción. La violencia simbólica reproduce estereotipos dañinos; la mediática refuerza la cosificación o culpabiliza a las víctimas; y la violencia vicaria, cada vez más reconocida, se manifiesta cuando personas agresoras dañan o usan a hijas e hijos —o a personas significativas para la víctima— para causar sufrimiento o ejercer control. Otras formas emergentes, como la violencia económica sistemática, la violencia algorítmica (discriminación mediante sistemas automatizados) o la violencia patrimonial digital, muestran la complejidad de un fenómeno en constante transformación.
Es lamentable esta taxonomía tan amplia de la violencia.
Las cifras más recientes demuestran la magnitud de esta realidad. En 2024, el INEGI reportó que 10.6 millones de mujeres —alrededor del 22 por ciento de las usuarias de internet— fueron víctimas de violencia digital. En el ámbito obstétrico, 31.4 por ciento de las mujeres con partos entre 2016 y 2021 declaró haber sufrido maltrato durante la atención. En el terreno político, entre 2020 y 2024 el Instituto Nacional Electoral registró 416 personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, muchas por agresiones simbólicas o psicológicas destinadas a limitar su participación pública.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos para comprender la dimensión real de todas estas violencias —incluidas las menos identificadas o normalizadas— es la falta de estadísticas sistemáticas, integrales y de largo plazo. Esta ausencia constituye en sí misma una forma de violencia estructural: invisibiliza experiencias, dificulta el diseño de políticas públicas efectivas y perpetúa la impunidad.
Erradicar la violencia de género exige transformar no solo las leyes e instituciones, sino también las prácticas culturales. Esto demanda una educación que fortalezca el pensamiento crítico y combata estereotipos desde la infancia. Y, de manera urgente, convoca a los hombres a cuestionar activamente los privilegios que sostienen el machismo, asumir nuevas masculinidades y convertirse en aliados corresponsables en la construcción de una sociedad más justa. Sin estos cambios de fondo, que atienden la raíz cultural, los avances institucionales serán siempre insuficientes.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com