El huracán Otis se ha convertido en uno de los desastres naturales más catastróficos de los últimos años. Más de 7000 hectáreas de construcciones resultaron devastadas y hay daños por más de 15,000 millones de dólares. Hasta la fecha, oficialmente se cuentan 46 fallecidos y 59 desaparecidos, además de miles de damnificados y de una dinámica y sentir de pérdida terrible. En 2012, el Banco Mundial otorgó a México un crédito de 105 millones de dólares para la renovación de su sistema meteorológico: 32 millones de dicha inversión tenían el objetivo de aumentar de 13 a 21 los radares en funcionamiento. Para la llegada de Otis, había tan solo 5 activos en todo el país. Ni la sociedad ni las autoridades estaban alertadas de la escala de un desastre que, si bien abrupto, no era del todo imprevisible tomando en cuenta las condiciones climáticas.
Acapulco es un crisol de realidades, que va desde la zona comercial y residencial de lujo (que por cierto es la que ha sido más atendida en los días siguientes al huracán), hasta las áreas populares que continúan con enormes carencias, pues se vieron afectadas por la falta de planeación urbana y contexto previo de pobreza e inseguridad. Tal es el caso de La Rena, la Zapata, la Simón Bolívar, la Colosio, el Coloso, Llano Largo, la Jardín, Pie de la Cuesta, la Progreso y otras más.
Lo más urgente para recuperar este puerto tan simbólico y querido por los mexicanos es, primero, que se logre superar la competencia, el protagonismo y el interés político para priorizar la ayuda y la solidaridad. Urge una visión y una estrategia resiliente con participación de todos los sectores para transitar de la rapiña, el pánico, la desesperación y el desabasto a la colaboración y la colectividad. Lo más urgente es no dejar atrás a los grupos más vulnerables que son los más expuestos a la conmoción y a la desgracia. Si bien el despliegue de 19,000 elementos de las fuerzas armadas, así como otros apoyos que han llegado en la zona ha equilibrado el estado de inseguridad y escasez, no ha logrado subsanar el estado de emergencia.
Para hacer frente a esta catástrofe, el gobierno anunció un plan de reconstrucción que incluye, entre otras cosas, ayudas sociales, créditos, planes de pago de impuestos y despensas. Según la SHCP, la iniciativa tendrá un costo de 61,313 millones de pesos. Asimismo, se tienen contempladas la exención de pagos de servicios, duplicación de becas de educación y, la contratación de diez mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigidos a tareas de reconstrucción. También se podría aprovechar la mano de obra de miles de migrantes que llegan cada día a nuestro país. La ayuda a nivel emocional y el trabajo territorial empático y cercano, igualmente tendrán que entrar en el plan de recuperación, asimilar la pérdida humana y material al tiempo de atender las necesidades más urgentes no va ser tarea fácil y requiere de voluntad y apoyo múltiple.
Queda por ver el papel que tendrá el sector privado en la recuperación económica y social. No se trata únicamente de reconstruir la zona costera, sino rescatar al estado. Según el presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, Acapulco aporta por sí solo 60% a la economía del estado. El PIB de la entidad podría caer hasta 16% con respecto al trimestre anterior, según cálculos de Citibanamex. De ser este el caso, el PIB del estado tendría un retroceso del 2.2%. Será necesario condicionar los beneficios fiscales a una nueva urbanización acorde a una redistribución del espacio público y la vivienda social.
El cambio climático está generando fenómenos meteorológicos más intensos y menos predecibles. Las ciudades y comunidades deben ser reconstruidas y gestionadas con base en la prevención, y con un enfoque conjunto entre sociedad civil, sector privado y el gobierno. No solo es necesaria una inversión en protección civil, sino también un reforzamiento basado en la resiliencia urbana.
Otis destaca la importancia de atender las emergencias no sólo desde lo urgente, sino repensando los modelos futuros de planeación y gestión de políticas urbanas y vivienda, que reconozcan los retos del cambio climático en una comprensión resiliente y comunitaria del desarrollo de las ciudades y el cuidado de las comunidades.
@EuniceRendon