Una de las evidencias que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en el Hogar (ENIGH 2022) y la cual refleja que persiste la elevada brecha de género en nuestro país, es que los ingresos de las mujeres están 35% abajo del ingreso de los hombres.
Se trata de una brecha demasiado importante para los desafíos de la Cuarta Transformación, que mantiene pendiente el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Si bien sorprendió la buena nueva de que su gobierno disminuyó en 5.1 millones la cifra de pobres entre 2018 y 2022 a pesar de la pandemia, la más baja desde el 2008 a la fecha, el reto sigue siendo dar cumplimiento al mandato constitucional de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
El factor que más contribuyó a la reducción de la pobreza fue el incremento del ingreso corriente en las familias, debido principalmente a los programas sociales y económicos del gobierno de la República.
Sin embargo, también sorprendió la mala nueva de que la cantidad de habitantes que viven en pobreza extrema subió 400 mil personas en lo que va del sexenio, ya que la cifra alcanzó los 1.7 millones de mexicanos en extrema pobreza en el período señalado de 2020 y 2022.
La persistente brecha de género está estrechamente ligada con nuestro problema estructura de la pobreza, pues no es una problemática de ahora. Los pioneros de nuestra Constitución Política Mexicana así lo vislumbraron desde 1917 y lo advirtieron al establecer el principio de que a trabajo igual, salario igual, en la fracción VII del Artículo 123.
La cuestión es que la Constitución en su Título Sexto, relativo al Trabajo y la Previsión Social, además de contemplar la igualdad salarial estipula el derecho al trabajo digno y socialmente útil que toda persona debe tener y, para tal efecto, el Estado Mexicano está obligado a promover la creación de empleos y la organización social de trabajo.
Por ello, más allá de que la equidad en los ingresos sea una realidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la actividad económica, la Secretaría del Trabajo debe hacer cumplir los contratos de trabajo en los sectores industrial, comercial, agrícola y de los trabajadores en general.
Además, debe verificar que los salarios mínimos sean realmente remuneradores; es decir, suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural y, especialmente, para proveer la educación obligatoria a sus hijos e hijas.
También debe constatar que la participación de las utilidades de las empresas lleguen a los trabajadores, que el crédito barato sea cierto para adquirir vivienda digna, adecuada y sustentable, que la capacitación y adiestramiento para el trabajo sirva en la prevención accidentes, que la formación de sindicatos, como un derecho de obreros y de patrones, coadyuve en la resolución de las diferencias y conflictos en los tribunales laborales.
Siendo el trabajo el medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades, resulta más que urgente zanjar la brecha salarial de las mujeres con los hombres como la mejor estrategia para avanzar en la igualdad laboral, política y económica.
Vale la pena revisar los resultados del ENIGH 2022, a efecto de que la retribución igualitaria permita a las trabajadoras, en especial a las jefas de familia, llevar una vida digna y decorosa con posibilidades reales de mejoramiento, así como para propiciar bienestar compartido, realización profesional y oportunidades de desarrollo personal y familiar.
El incumplimiento por más de cien años del principio laboral de a trabajo igual, salario igual, forma parte del sistema patriarcal y de sus fenómenos de opresión que debemos desterrar para crear espacios donde las mujeres desplieguen nuevas posibilidades de vida.
En resumen: implica que la pobreza deje de tener rostro de mujer y dar el paso más firme que nunca, para que las trabajadoras ya no vivan situación de desigualdad salarial frente al hombre, ni en condición vulnerable por carencias sociales, rezagos educativos, desatención en la salud y falta de trabajo, vivienda, alimentación y seguridad social.