A diez años de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la tarea para garantizar los derechos de la niñez mexicana, erradicar cualquier forma de violencia y asegurarles entornos seguros, sigue siendo el gran compromiso.
Aunque la condición actual de nuestras niñas, niños y adolescentes ya no es igual como en los sexenios del neoliberalismo, la situación es compleja ya que 36 millones viven en pobreza y 4 millones en pobreza extrema (el 51 por ciento de la población de 0 a 18 años), enfrentan altos índices de violencia (violencia familiar y sexual, homicidios, desapariciones) y graves problemas de salud (obesidad, sobrepeso, desnutrición y falta de acceso a la seguridad social).
Aunado a lo anterior, persiste el rezago educativo (infraestructura escolar deficiente y, especialmente, falta de acceso a la educación inicial), así como una crisis de derechos humanos con una deuda pendiente sobre políticas efectivas para la primera infancia, donde lamentablemente hay carencia de servicios básicos y desprotección generalizada, según estudios recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Si bien el SIPINNA, mecanismo creado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para articular la política nacional por las infancias y adolescencias, ha logrado conjuntar esfuerzos de la sociedad civil y de los organismos internacionales con los sistemas estatales y municipales de protección, el desafío social, político y económico es que este sector más vulnerable de nuestra población crezca con bienestar y esperanza.
Precisamente con el objetivo de asegurar entornos seguros para la niñez y erradicar todas las formas de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suscribió, desde el arranque de su mandato, el Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, un compromiso formal para la acción coordinada contra la violencia infantil en México, alineado con alianzas internacionales y enfocado en derechos humanos y corresponsabilidad, bajo las siguientes cuatro estrategias clave:
1.- Seguridad y participación: fortalecer la seguridad pública y la participación de niñas, niños y adolescentes en sus entornos.
2.- Protección de derechos: robustecer las fiscalías especializadas, garantizar el acceso a la justicia y la atención integral a víctimas.
3.- Prevención de las violencias: Implementar acciones contra el reclutamiento, promover la crianza positiva y mejorar entornos urbanos.
4.- Erradicación de violencia de género: Impulsar la igualdad sustantiva y acceso a justicia con perspectiva de género.
A pesar de que el Pacto es impulsado por la Secretaría de Gobernación, el propio SIPINNA, los gobiernos estatales y municipales, la sociedad civil, el sector empresarial y las instituciones educativas, en una reunión convocada por la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, diversos alcaldes y alcaldesas se quejaron por la falta de entrega de los recursos destinados a los SIPINNA municipales este 2025.
El reclamo por la retención de dichos fondos (aproximadamente más de 20 millones de pesos en total), se debe a que son recursos esenciales para atender los casos de violencia hacia las infancias y adolescencias con trabajadoras sociales, psicólogos y abogados que defienden sus derechos en las oficinas municipales de los SIPINNA.
De no ser repartidas dichas participaciones federales se pone en riesgo la operación de los sistemas municipales de protección y quedaría en evidencia el incumplimiento de las políticas públicas a favor de la niñez, ya que nuestro Estado suscribió el Pacto desde diciembre del 2024, sumándose así al esfuerzo de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez.
Para enfrentar la crisis multidimensional de la niñez mexicana hay que atacar los problemas de pobreza y desigualdad, de violencia e inseguridad y de falta de acceso a la salud y a la educación, así como de carencia de derechos y protecciones, las problemáticas más acuciantes para el desarrollo del país.
Asumamos el compromiso para llevar las políticas públicas a la vida cotidiana de las infancias, empezando por aquellas en pobreza extrema.