El feminismo es un movimiento diverso y complejo que aborda múltiples realidades y desafíos. Aunque ha habido avances significativos, todavía queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad y la justicia para las mujeres en todo el mundo.
Las desigualdades estructurales siguen siendo una deuda global. Pero lo que resulta especialmente preocupante es que, incluso donde se habían logrado avances legales y políticos, hoy se observan decisiones que revierten conquistas históricas. Los derechos de las mujeres no solo avanzan lentamente; también pueden desmantelarse.
Pareciera increíble, pero en algunos países se registran retrocesos explícitos en el reconocimiento de derechos, así como una creciente resistencia a las agendas de igualdad.
Tal es el caso de Afganistán, donde desde el regreso del régimen talibán en 2021 las mujeres han sido excluidas de la educación secundaria y universitaria, del trabajo en numerosos sectores y de la vida pública. Se les prohíbe viajar sin acompañante masculino y su acceso a espacios públicos está severamente restringido.
En Irán, la muerte de Mahsa Amini en 2022, tras ser detenida por presuntamente no portar el hiyab conforme a la normativa obligatoria, detonó protestas masivas. Lejos de flexibilizar la regulación, el gobierno ha reforzado la vigilancia y las sanciones contra mujeres que desafían la imposición del velo.
En Estados Unidos, la Suprema Corte revocó en 2022 el precedente establecido en Roe v. Wade —que desde 1973 reconocía el aborto como un derecho constitucional— al resolver el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. La decisión eliminó la protección federal y permitió que cada estado legislara libremente, lo que derivó en prohibiciones totales o severas restricciones en varios de ellos.
Hungría ha impulsado políticas que promueven roles tradicionales de género y ha limitado los programas de estudios de género en universidades, reforzando una visión conservadora del papel de las mujeres.
En 2021, Turquía se retiró del Convenio de Estambul, tratado clave para combatir la violencia contra las mujeres. Organizaciones civiles advierten que esta decisión debilitó mecanismos de protección y envió un mensaje político adverso a la igualdad.
En Rusia, la llamada ley de "agentes extranjeros" ha sido utilizada para someter a organizaciones feministas y de derechos humanos a registros obligatorios, auditorías constantes y sanciones, estigmatizándolas como si actuaran contra intereses nacionales. A ello se suma la despenalización parcial de la violencia doméstica en 2017, medida ampliamente cuestionada por reducir sanciones y desalentar denuncias.
Otros contextos muestran retrocesos menos visibles, pero igualmente significativos. En China, el activismo feminista digital enfrenta censura y vigilancia estatal; campañas contra el acoso sexual han sido eliminadas de plataformas y defensoras de derechos enfrentan detenciones o presión gubernamental. En India persisten obstáculos estructurales como el matrimonio infantil, la brecha laboral y las dificultades para denunciar violencia sexual, especialmente en zonas rurales. Japón, pese a ser una economía avanzada, mantiene baja representación femenina en política y normas laborales que dificultan la conciliación entre trabajo y maternidad.
También se observan resistencias preocupantes en distintos frentes. La violencia política contra mujeres candidatas y funcionarias se ha documentado en países como México, Bolivia y Brasil. Restricciones legales y persecución contra organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos se han intensificado en Nicaragua y Egipto. En materia reproductiva, países como Polonia y El Salvador mantienen algunas de las legislaciones más restrictivas del mundo.
Estos casos evidencian que los derechos de las mujeres no siguen una trayectoria lineal. El feminismo contemporáneo no solo busca conquistar nuevos derechos, sino también defender los ya alcanzados frente a contextos políticos, religiosos y culturales que intentan revertirlos. América Latina no es ajena a estas tensiones: junto a logros significativos, persisten resistencias, altos niveles de violencia y riesgos de retroceso.
Por eso se marcha el 8M.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com