Veracruz, Veracruz.- José Yunes Zorrilla, precandidato opositor al gobierno de Veracruz, presentará una denuncia ante el órgano electoral local en contra de las precandidatas morenistas Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle por un mitin realizado en el municipio de Poza Rica.
Yunes Zorrilla aseguró que entre el viernes y el lunes hará la denuncia ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), además, señaló que más adelante el abogado Silvio Lagos interpondrá una demanda penal ante las fiscalías estatal, federal y la especializada en delitos electorales.
El abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, ahondó que la denuncia incluyen al alcalde morenista de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes Garza, y a Fernando Elías Guevara, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del gobierno de Cuitláhuac García.
Yunes aseguró que se cometió un crimen por el uso indebido de recursos públicos en actos de apoyo partidista: “A plena luz del día fueron vistos vehículos del ayuntamiento de Poza Rica y a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas participando en dicho evento político; además del acarreo de personas, principalmente de empleados de gobierno y uso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para temas políticos, en día laboral”.
Acusó que las irregularidades se cometieron en flagrancia y que mediante distintos medios y en las redes sociales quedó el registro de estas y otras acciones ilegales: “El gobierno permitió la suspensión de clases en Poza Rica para llenar el evento de precampaña”. Yunes Zorrilla criticó el uso de las instalaciones de un hospital para preparar los paquetes de alimento que se repartirían a la gente, así como el uso de vehículos oficiales para la movilización.
“No hay atención médica en hospitales, pero sí hay espacios y recursos para hacer despensas”, recriminó y también condenó el uso de unidades del Ejército para transportar simpatizantes al mitin de cierre de precampaña.
Silvio Lagos, asesor jurídico de la coalición, precisó que el desvío de recursos está penado en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y señaló que las sanciones pueden llegar hasta el despido de funcionarios públicos.
Además, agregó, se contempla una sanción económica o la inhabilitación temporal del servidor público para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, misma que dependerá de la gravedad de la falta y el monto de la afectación causada.
Recordó que fue Morena quien impulsó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para su investigación y persecución.
Esta ley plantea que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con las investigaciones por los delitos electorales.