Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, permanece en prisión desde 2017 tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Ahora enfrenta una nueva vinculación a proceso por el delito de peculado, lo que complica aún más su situación jurídica.
El exmandatario había solicitado libertad anticipada al cumplir más del 95% de su condena de nueve años; sin embargo, el beneficio le fue negado pese a que su defensa argumentó buena conducta y la anulación de otros procesos penales en su contra.
La nueva acusación está relacionada con el presunto desvío de 5 millones de pesos de un fondo destinado a personas vulnerables en 2012. Aunque ese proceso había sido anulado en 2013, fue reactivado y un juez ratificó la prisión preventiva, otorgando seis meses para la investigación complementaria.
Según la Fiscalía General de la República, Duarte habría utilizado un esquema conocido como la "licuadora" para mezclar recursos federales y estatales y dispersarlos en diversas cuentas bancarias, con el fin de dificultar su rastreo y destinarlos a otros pagos.
Duarte fue denunciado en 2016 y huyó del país antes de concluir su mandato. Tras una ficha roja de Interpol, fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y posteriormente extraditado a México, donde en 2018 aceptó su culpabilidad y recibió sentencia, además del decomiso de múltiples propiedades.
Durante su gestión, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 35 mil millones de pesos. Aunque enfrentó otros cargos como tráfico de influencias, desaparición forzada y delitos electorales, en varios de ellos fue absuelto o quedaron sin efecto, por lo que no se le sumaron nuevas condenas.
El caso de Duarte se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, al exhibir una red de empresas fantasma y prestanombres que habrían operado para desviar recursos públicos del estado de Veracruz.
Además de la pena de prisión, el exgobernador fue sancionado con la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo de su condena, así como con el decomiso de decenas de bienes inmuebles en distintas entidades del país. Las autoridades judiciales han señalado que, pese a que algunas acusaciones fueron desestimadas, los procesos que sí prosperaron acreditaron un esquema sistemático de desvío de recursos públicos durante su administración.
Con la nueva causa por peculado en curso, Duarte continuará en el Reclusorio Norte mientras avanzan las investigaciones, lo que aleja por ahora cualquier posibilidad de recuperar su libertad en el corto plazo.
El nuevo proceso por peculado podría derivar en una pena adicional de hasta 14 años de prisión si se acredita su responsabilidad, lo que prolongaría su permanencia en la cárcel y reactivaría el debate sobre el alcance de las redes de corrupción que operaron durante su administración en Veracruz.