"La única manera de resolver los problemas, primero, es darte cuenta que existen, platicar de ellos, debatirlo ¿O vamos a esperar hasta que haya una persona, digamos así, empoderada por algún cártel como Presidente de la República o como Gobernador o como Presidente municipal?, ¿acaso tenemos que llegar a ese momento para que nos preguntemos qué tenemos que hacer como sociedad, como Sistema electoral para evitar que eso suceda?", cuestionó.
Explicó que tras varios precedentes de hechos violentos durante la jornada electoral, el TEPJF ordenó al INE celebrar convenios de coordinación con las autoridades de Seguridad Pública y Electorales.
"El INE, obvio, no es la autoridad que debe garantizar seguridad en las elecciones; el INE no es la Marina ni el Ejército ni la Secretaría de Seguridad ni la Guardia Nacional. El INE debe garantizar que se instalen las casillas y que se cumpla la ley al respecto, tienen que celebrarse convenios respecto de estos casos extraordinarios en los lugares específicos", apuntó.
Señaló que ordenaron crear mapas de riesgo con información que generen las autoridades de Seguridad Pública y también el Sistema Electoral.
"Puede hacerse un mapa de riesgo conjunto y decir donde puede haber, por ejemplo, secuestro de urnas o donde puede haber quema de urnas", indicó.
Un tercer punto es implementar filtros de investigación para algunas candidaturas, para tratar de garantizar que no tiene vínculos con el crimen organizado.
Si bien el INE ha adoptado algunas de estas acciones, consideró que han sido insuficientes.
"Creo que, de verdad, el problema es que el sistema electoral mexicano está hecho con paradigmas de los años 80´s y 90´s, se tiene que romper los paradigmas históricos del sistema electoral para afrontar esto. Hay cosas que sí puede hacer la autoridad electoral y cosas que se necesita una reforma electoral, pero les voy a decir algunas ideas que se me han ocurrido", apuntó.
Por ello, planteó algunas acciones como generar una base de datos pública, clasificada por tipo de elección federal y local, sobre si los candidatos están "limpios" o no.
En segundo lugar, bancarizar toda aportación privada, y en general, todo tipo de recurso que entre a las campañas.
Incluso, dijo que podría valorarse una reforma legal para hacer campañas digitales bajo ciertas condiciones de acoso o violencia.