El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que emprendió medidas de conciliación y analiza la estrategia legal contra Nacional Financiera (Nafin) por transferir 10 mil millones de pesos de cuatro de sus fideicomisos a la Tesorería de la Federación, sin su autorización.
Indicó que Nafin le comunicó la transferencia de la totalidad de los recursos mencionados que le encomendó para su administración y que serían destinados al pago de las indemnizaciones de los trabajadores.
Sin embargo, el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusó que la operación se realizó sin consultarle al respecto y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin, pese a que el CJF es fideicomitente.
Por ello, "el CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente".
El CJF, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, señaló que "conforme a lo establecido en los transitorios décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos serán acreedores a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados".
Jufed exige pago a jueces
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, reclamó al Consejo de la Judicatura Federal el pago inmediato a los jueces que renunciaron con motivo de la reforma judicial.
Recordó que el artículo décimo transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación establece una indemnización por la separación del cargo, misma que, aseguró, debió cubrirse desde diciembre del año pasado, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la propia reforma.
Sin embargo, la jueza afirmó que "en una nueva violación de derechos, el Estado mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares".
Lo ocurrido ha generado una creciente tensión entre el Poder Judicial y las instituciones financieras del Estado, ya que la transferencia no autorizada podría sentar un precedente preocupante respecto al manejo de recursos.