MÉXICO.- Al menos 31 figuras políticas de los últimos siete años tienen concesiones de agua a su nombre, de acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua. En conjunto, estas personas tienen permiso para utilizar más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 2 mil 511 albercas olímpicas.
Quienes concentran los mayores volúmenes de concesión son el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, seguido por la diputada Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Otros servidores públicos con concesiones a su nombre son la ministra de la Suprema Corte y exconsejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos González, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El 4 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, donde la legislación ocurrió entre polémicas, pues campesinos y agricultores de Baja California, Chihuahua, Guanajuato y otros estados se manifestaron para impedir su aprobación, sin éxito.
La discusión entre legisladores para aprobar los cambios a la ley escaló hasta convertirse en un intercambio de acusaciones entre diversas facciones, que se señalaron mutuamente por la posesión de concesiones entre sus militantes.
Sin embargo, según la revisión, políticos de prácticamente todos los partidos actuales cuentan con al menos una concesión de agua vigente.
La ministra de la Suprema Corte (SCJN), María Estela Ríos González, tiene una concesión de 120 mil metros cúbicos de agua anuales en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para uso agrícola.
El título se registró en agosto de 2019, año en el fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La ministra respondió por escrito que la concesión a su nombre se utiliza "estrictamente para uso agrícola" y que cumplirá con lo establecido en la ley tras los cambios que introdujo la nueva iniciativa.
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde (PVEM), es el político con mayor volumen de agua concesionado a su nombre, posee tres títulos en Yucatán por un total de un millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales. En entrevista, el legislador aseguró que el agua se destina para irrigación en su rancho Tierra de osos, ubicado en la comisaría de Motul, "pero hace tiempo que no tengo animales, así que casi no se riega", detalló. En sus últimas cuatro declaraciones patrimoniales, el senador no registró el rancho ni ningún inmueble a su nombre.
Sin embargo, en su declaración de 2015, cuando aún era titular de la Sedatu, anotó la propiedad de tres casas, un departamento y un terreno. "El hecho de que yo tenga concesiones significa que estoy legal, lo penoso y grave sería usar el agua y no reportarlo. Además, no es lo mismo tener el recurso en Yucatán que en el norte del país, donde tener agua muchas veces es cuestión de vida o muerte", agregó.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, concentra 381 mil 951 metros cúbicos de agua en 7 concesiones para usos agrícolas y pecuarios, registradas entre 1998 y 2025; cinco están ubicadas en el estado que gobierna y 2 más en Guanajuato.
El mandatario local se ha expresado en contra de la privatización del agua potable. En marzo pasado, durante el Tercer Foro Estatal del Agua 2025, dijo que el recurso debe ser "verdaderamente de la nación para hacer justicia".
Quien también ostenta concesiones en el estado que rige, es el de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, con dos títulos registrados en 2023 y 2024, cuando ya había asumido el cargo, por un total de 69 mil 500 metros cúbicos al año.
David Monreal, gobernador de Zacatecas, también tiene una concesión en su estado, al igual que Manolo Jiménez Salinas, mandatario de Coahuila.
La exsecretaria de Gobernación y actual diputada federal, Olga Sánchez Cordero, tiene acceso a un millón 77 mil 136 metros cúbicos de agua al año, distribuidos en cuatro concesiones registradas en Nuevo León desde finales de los años 90.
En 2022, durante una fuerte sequía que enfrentó el estado, la legisladora compartió una publicación en la cual aclaró que, por generaciones, su familia se ha dedicado a la agricultura, motivo por el cual saben "el valor del agua, y no abusamos, al contrario, la cuidamos, más en el norte".
Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de AMLO, mantiene el título de una concesión por 600 mil metros cúbicos anuales en Nuevo León.
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, exgobernador de NL, puede explotar hasta 184 mil metros cúbicos de agua gracias a dos concesiones.
Rutilio Cruz Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul general de México en Miami, tiene permiso para usar hasta 198 mil 806 metros cúbicos en esa entidad.
Diputados y senadores con concesiones vigentes que participaron activamente en la discusión y definición de la Ley, se encuentran los morenistas José Javier Aguirre Gallardo, Ricardo Sheffield Padilla y Óscar Cantón Zetina, todos con títulos de agua para distintos usos.
El exgobernador de Guanajuato y actual senador panista, Miguel Márquez Márquez, cuenta con 3 concesiones por 249 mil 365 metros cúbicos de agua, mientras que el diputado Mario Calzada Mercado, del PRI, tiene una concesión de 240 mil metros cúbicos.
La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, aparece en los registros de Conagua con dos concesiones de agua por 640 mil metros cúbicos para uso agrícola. Sin embargo, aseguró que actualmente ya no cuenta con los títulos, pues la propiedad vinculada a ellos fue vendida en 2023. La legisladora votó a favor de las reformas.
Legisladores del PRI y del PAN como Juan Antonio Martín del Campo y Francisco Javier Ramírez Acuña votaron en contra y también figuran como concesionarios.
El diputado priista Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo cuenta con una concesión en Campeche, pero aclaró que su intención es cancelar el título, pues aseguró que nunca ha hecho uso del recurso hídrico debido a que estaba destinado a un proyecto agrícola que ya no pudo llevar a cabo.
Los diputados Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María del Rosario Guzmán Avilés y José Narro Céspedes aseguraron que sus títulos se encuentran dentro de la legalidad, fueron debidamente inscritos y emitidos conforme al marco jurídico vigente. Agregaron que se apegarán a los nuevos cambios en las leyes relacionadas con el agua.
La nueva legislación en materia de agua plantea cambios en el modelo de concesiones, prohibiendo la transmisión entre particulares y estableciendo nuevas reglas para la reasignación de volúmenes cuando hay modificaciones en la propiedad de la tierra o se hereda.
Un especialista con experiencia en el trabajo de la Conagua, que pidió no revelar su nombre, advirtió que las reformas dan mayor control al Estado y podría haber opacidad en la reasignación de títulos.
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