Altamirano, CHIS.- Un grupo armado apareció este domingo en Simojovel, Chiapas, para advertir al alcalde Gilberto Andrade del PVEM que no quieren prostitución, ni cantinas en el municipio, mucho menos presencia del crimen organizado, porque de lo contrario ingresará a la cabecera municipal. En un video, el grupo armado que se identifica como “Fuerzas Armadas de Simojovel”, explica que no tiene filiación a ningún partido político, se dirige a los habitantes de ese municipio donde ha operado el grupo armado “Los Diablos”, para apoyar a los alcaldes del PRI y PVEM, para decidir que por respeto a los habitantes no han entrado a la localidad. Un hombre embozado asegura que en administraciones municipales pasadas ocurrieron “muchos hechos” criminales que han quedado en la impunidad. En la lectura de un pliego petitorio, el grupo armado advierte que no quiere que Gilberto Andrade haga mal uso de los recursos del erario. Además de que no van a permitir que sigan operando sicarios de grupos armados al servicio del alcalde en turno, que se usan para intimidar al pueblo. Van a tener “cero tolerancia” a la venta de estupefacientes al menudeo y cantinas clandestinas que operan en los barrios de la cabecera municipal. El grupo armado pide que no haya más ejecuciones de personas por sicarios en la vía pública, como ocurrió con el asesinato del catequista Simón Pedro Pérez, el pasado 5 de julio. Y que las fuerzas de seguridad, como la Policía Municipal sirva para cuidar a la ciudadanía y no para proteger a los criminales. Pero si no se cumplen con estas demandas, entonces el grupo armado va actuar para frenar la criminalidad en Simojovel, municipio ubicado a unos 120 kilómetros de Tuxtla. Este sábado se despidió de la parroquia de San Antonio de Padua, el sacerdote Marcelo Pérez, que durante diez años trabajó para que se cerraran cantinas y se pusiera fin a la venta de drogas en ese lugar, pero a cambio, recibió amenazas del grupo armado “Los Diablos”.
CNDH INVESTIGA ACTOS DE TORTURA EN NOCHIXTLÁN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una investigación por actos de tortura en contra de las personas detenidas en el panteón municipal de Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016 durante un operativo de fuerzas de seguridad pública estatales y federales en el que murieron ocho personas y cerca de dos centenares resultaron heridas. Estas acciones, detalló, son con el fin de cumplir con el acuerdo del 18 de marzo de 2020, en el que se ordena la reapertura de aquellos expedientes de queja en los que exista una inconformidad o reclamo de la parte quejosa o agraviada sobre el trámite que se dio a su expediente.