Durante el primer bimestre del año en curso, las víctimas de extorsión en México aumentaron un 11% en comparación con el mismo período del año anterior, consolidándose como uno de los delitos de mayor impacto en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas pasó de mil 664 en los dos primeros meses de 2023 a mil 846 en el mismo lapso de 2024.
El promedio diario de víctimas de extorsión alcanzó las 31 personas, excluyendo aquellas que no denuncian por temor a represalias de grupos criminales, lo que contribuye a una alta cifra negra en este delito del fuero común.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha denunciado que la extorsión es un delito que no solo causa pérdidas económicas, sino que también tiene consecuencias mortales y afecta la economía local.
Francisco Rivas, titular del ONC, ha señalado que este delito refleja la profunda desigualdad entre los ciudadanos y fortalece el control de los delincuentes.
Las estadísticas oficiales muestran un aumento del 4% en las víctimas de extorsión en lo que va del año, con concentración principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, entre otros estados.
En 2022, la administración de López Obrador registró un récord histórico de 11 mil 39 víctimas de extorsión, con un promedio de 30 diarias.
Las autoridades federales han notado un recrudecimiento de la violencia asociada a este delito, evidenciada en los recientes asesinatos contra transportistas en Guerrero, que han generado paralización del servicio en varias regiones del estado.
El incremento de la extorsión ha afectado a diversos sectores económicos y productivos del país, y se ha vuelto un desafío incluso para organizaciones de la sociedad civil, quienes denuncian cobros de cuotas para llevar a cabo su labor en beneficio de la ciudadanía.
Ante este panorama, el Ejecutivo federal ha presentado una iniciativa de ley para considerar la extorsión como un delito grave, ya que actualmente no está contemplado como tal en la legislación mexicana.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, ha destacado la necesidad de esta medida para combatir eficazmente este flagelo que afecta a miles de personas en el país.