La administración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, enfrenta señalamientos por presuntos actos de censura, hostigamiento y uso de las instituciones del Estado contra periodistas, académicos, policías y ciudadanos críticos de su gobierno.
Diversos testimonios recogidos en la entidad describen un clima de miedo y silenciamiento que ha limitado el ejercicio de la libertad de expresión.
Periodistas locales aseguran que durante el actual sexenio desaparecieron los cinco periódicos impresos que operaban en el estado, luego de presiones económicas, legales y políticas.
Aunque existen medios digitales, señalan que una parte importante mantiene una línea oficialista ante el temor de represalias.
Uno de los casos más visibles es el del periodista Abraham Martínez, quien fue obligado a emitir una disculpa pública tras ser acusado de violencia política en razón de género.
Además, relató haber sido intimidado por policías durante un operativo desproporcionado, situación que atribuye a su labor informativa crítica.
El reportaje también documenta el uso de acusaciones penales contra opositores o personajes incómodos para el gobierno estatal.
Estas acciones, según denunciantes, forman parte de una estrategia para inhibir cuestionamientos y mantener el control del discurso público.
En el ámbito universitario, destaca la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, quien fue acusado de portar droga en su vehículo.
El exfuncionario y su defensa aseguran que la sustancia fue sembrada tras negarse a cumplir exigencias del gobierno estatal.
Abud Flores denunció presiones, amenazas y actos de intimidación contra directivos universitarios, hechos que fueron interpretados por organizaciones académicas como una grave injerencia en la autonomía universitaria.
Varias instituciones del país expresaron su preocupación por el precedente que este caso representa
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior advirtió que este tipo de acciones vulneran la independencia de las universidades y colocan en riesgo a cualquier rector que mantenga una postura crítica frente a los gobiernos estatales.
En paralelo, la gobernadora ha utilizado su programa semanal "Martes del Jaguar" para descalificar públicamente a periodistas, académicos y líderes universitarios, a quienes ha acusado de traición, ilegalidades o intereses políticos, lo que ha intensificado la polarización en el estado.
La nota también refiere casos de ciudadanos detenidos durante el carnaval por usar máscaras o botargas de políticos, así como de policías procesados tras protestar por condiciones laborales inseguras, situaciones que han sido calificadas como excesivas por defensores de derechos humanos.
En conjunto, Campeche enfrenta denuncias de un uso sistemático del poder para inhibir la crítica y sancionar la disidencia, mientras periodistas y ciudadanos advierten que la censura, el temor y la persecución se han convertido en una constante en la vida pública del estado.