El actual gobierno federal reservó por cinco años, es decir, hasta 2030, toda la información sobre el operativo y la contratación de vallas metálicas que protegieron Palacio Nacional en la marcha de integrantes de la Generación Z del pasado 15 de noviembre y en la que se registraron hechos violentos.
En respuesta a la solicitud de la información 34100100079525, el Comité de Transparencia de Presidencia de la República argumentó que no puede dar a conocer ningún detalle del contrato Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín para Palacio Nacional, porque compromete la seguridad nacional, la paz social y con esa información, se afirma, se podría ejecutar un atentado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum o su familia.
"La divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional, toda vez que de proporcionarse la información de referencia se dejaría en estado de vulneración a la Titular del Ejecutivo federal y su entorno.
"Es decir, se puede ejecutar cualquier atentado en contra de su integridad física, ocasionando que en determinado momento se encuentre desprotegida y se vulnere, en consecuencia, su vida, su salud, su libertad y su seguridad, así como la de su familia, de la gente que la acompañe, así como de las personas servidoras públicas en su entorno, bienes jurídicamente protegidos, que comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional".
En la marcha de integrantes de la Generación Z del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México se registraron diversos hechos delictivos, entre ellos, saqueos, destrucción a mobiliario público y a negocios privados, además de 120 lesionados y más de 20 detenidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de la Ciudad de México manifestaron su rechazo a estos actos, en los que algunas personas utilizaron artefactos caseros, objetos contundentes y lograron derribar las vallas metálicas de casi tres metros, acciones que pusieron en riesgo a asistentes y dañaron el patrimonio.
El Comité de Transparencia de Presidencia de la República señaló que dar a conocer las características del servicio contratado de las vallas podría "potenciar" una amenaza, atentado o cualquier tipo de acción que puede poner en riesgo la vida de la Presidenta, de su familia y de las personas que la acompañan.
"Lo cual evidentemente produciría una vulneración a la seguridad del Estado mexicano, ya que se pondría a disposición de cualquier persona elementos suficientes para poder planificar y ejecutar cualquier tipo de vulneración o daño".