Durante el 2023, se registraron 5 mil 786 víctimas por tortura, identificadas dentro de las investigaciones penales que iniciaron las fiscalías, de acuerdo al Observatorio contra la Tortura.
Además, 4 mil 609 son hombres y las mujeres que fueron torturadas son 865. En cambio, 312 víctimas están sin identificar su género. A nivel nacional existen 4 mil 234 investigaciones iniciadas en el mismo año.
Otro punto crucial es el porcentaje de víctimas sin peritaje en las fiscalías que representó el 82.5% y sólo un 17.5% tuvo acceso a una evaluación.
En contraste, los organismos públicos de derechos humanos, reportaron que el 68.7% de los peritajes realizados por su personal presentaban un elevado grado de coincidencia entre los relatos y los resultados; mientras que los peritajes realizados por personal de las fiscalías únicamente presentaron coincidencias en el 8.2% de los casos.
A pesar de que la denuncia es la manera principal de iniciar las investigaciones penales, en el caso de la tortura su uso es muy bajo, en el 2023 únicamente el 10. 4% de las investigaciones iniciaron por denuncia, que corresponde a 349 casos.
Aunque representa un incremento respecto a 2022 con el 7. 8%, este dato reflejó que las víctimas de tortura siguen enfrentando obstáculos para acceder al sistema de justicia penal por los motivos mencionados anteriormente.
Por lo que apuntó a un escaso cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor público de denunciar hechos constitutivos de tortura cuando tenga conocimiento, tal como señala la ley general contra la tortura.
El representante adjunto de la ONU-DH en México, Jesús Peña, admitió que si bien en los últimos años se han registrado avances para la atención de la tortura, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada entre la población privada de la libertad, el 64 por ciento de las personas reportó haber sufrido actos de violencia sicológica después de la detención, y un 48 por ciento reportó haber sufrido agresiones físicas.