Tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de Ingresos que impone gravámenes específicos a los videojuegos con contenido violento, ha surgido en el debate público la interrogante de si la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la facultad de anular dicha medida de forma directa.
La respuesta, fundamentada en el marco constitucional mexicano, es un rotundo no: el Ejecutivo carece de facultades para derogar unilateralmente una norma emanada del Poder Legislativo.
La imposibilidad de la Presidenta para dejar sin efecto esta reforma radica en el principio de división de poderes, columna vertebral de la democracia en México.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de gobierno se divide en funciones diferenciadas para evitar la concentración del poder en una sola figura.
El artículo 72 de la Constitución establece que la facultad de crear, reformar o derogar leyes y decretos es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
En este sentido, una vez que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Ingresos para establecer impuestos a los videojuegos, este se convirtió en un mandato legal que el Ejecutivo está obligado a cumplir.
Otro artículo constitucional, el 89 en su fracción I, establece que la facultad del Ejecutivo es "promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia", es decir, que la Presidenta debe ejecutar los efectos de la mencionada reforma, e intentar derogar el impuesto mediante un decreto presidencial sería un acto inconstitucional.
La vía administrativa como alternativa
La vía administrativa puede funcionar como una alternativa en el corto plazo, mediante la emisión de un decreto presidencial de estímulo fiscal, con fundamento en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
A través de dicho decreto, el Ejecutivo federal estaría facultado para otorgar las exenciones, reducciones o créditos fiscales respecto del IEPS que es aplicable a los videojuegos.
En este sentido, el estímulo fiscal permitiría neutralizar el cobro, pero no corregiría la inconsistencia normativa de fondo ni otorgaría certeza jurídica a largo plazo a los contribuyentes. Se trataría sólo de una medida de contención administrativa, útil para evitar la aplicación inmediata de un impuesto inviable, pero insuficiente como solución definitiva.
La Constitución advierte que una norma sólo puede ser eliminada o modificada siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para su creación.
Dado que el impuesto a los videojuegos violentos fue introducido mediante una reforma a una ley federal (la Ley de Ingresos), su eliminación requiere de un nuevo proceso legislativo completo.
La abrogación del impuesto a los videojuegos debe someterse a la ruta legislativa correcta, la cual comprende los siguientes pasos obligatorios: derecho de iniciativa, en que la Presidenta, haciendo uso de sus facultades bajo el artículo 71 constitucional, debe redactar y enviar una iniciativa de decreto al Congreso de la Unión.