Rechazan consultar a la Corte por caso Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Por mayoría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si existe competencia para analizar las denuncias por infracciones a la Ley Electoral contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando aún ocupaba el cargo de ministro; la Sala Superior deberá analizar un nuevo proyecto, elaborado por la nueva presidenta, Mónica Soto.
El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue rechazado en sesión privada el pasado 4 de enero, con los votos en contra de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
Al ser votado en contra, el asunto fue returnado a la ponencia de la presidenta Mónica Soto Fregoso, que deberá elaborar un nuevo proyecto sobre el caso.
El exministro impugnó la admisión de las quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra él y la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y la posible vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
Zaldívar Lelo de Larrea es el exministro que renunció el año pasado a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para unirse al equipo de la morenista Claudia Sheinbaum, quien buscará la Presidencia de la República en la elección federal del próximo domingo 2 de junio.
El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón proponía consultar a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que determinara si el TEPJF puede resolver un procedimiento administrativo en materia electoral contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ya que las denuncias fueron presentadas antes de que se aprobara su renuncia al cargo.
Puntualiza que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes.
Entre sus atribuciones están resolver sobre las responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, con respecto de las faltas de las y los ministros y las faltas graves cometidas por las y los servidores públicos de la Corte de Justicia.
"A juicio de esta Sala Superior, los principios de autonomía e independencia de fuente constitucional e internacional que garantizan al actuar del Máximo Tribunal del país implican que ninguna otra autoridad, ni dentro ni fuera del Poder Judicial de la Federación, pueda someter a responsabilidades administrativas a los integrantes del órgano cúspide, salvo en los casos que las propias normas fundamentales así lo prevean", consideraba la propuesta.