La presidenta Claudia Sheinbaum se vio envuelta en una confrontación pública con Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, luego de que el narcotraficante se declarara culpable en una audiencia en Estados Unidos.
La situación coincidió con la visita de la mandataria a Culiacán, Sinaloa, donde enfrentó cuestionamientos sobre la postura del gobierno mexicano ante el caso.
Durante la conferencia matutina del 11 de julio, Sheinbaum criticó la aparente contradicción del gobierno estadounidense, que por un lado clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y por otro negocia con sus líderes.
La presidenta insistió en la necesidad de una cooperación más clara entre ambos países, en particular en casos como el de Ismael "El Mayo" Zambada.
En la audiencia, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro delitos, incluyendo tráfico de drogas y liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa.
Esta confesión le permitió llegar a un acuerdo con autoridades de EE.UU. Al concluir la audiencia, Lichtman afirmó que las declaraciones de Sheinbaum evidenciaban que el gobierno mexicano no fue parte de esas negociaciones, lo cual, en su opinión, era normal y adecuado.
El abogado también criticó a la presidenta por insinuar que México debió participar en el proceso, y desestimó la idea de que Washington tenga que informar a México sobre sus acuerdos judiciales con narcotraficantes. Lichtman consideró "absurdo" que el gobierno estadounidense incluyera al mexicano en este tipo de decisiones legales.
Mientras tanto, Sheinbaum ya se encontraba en Sinaloa para una gira de trabajo e inauguraciones. A su llegada, anunció que se realizaría una conferencia especial para aclarar dudas sobre el caso.
En ese evento, negó cualquier vínculo entre su visita y la audiencia de Guzmán, y calificó de "irrespetuosas" las declaraciones del abogado.
La mandataria enfatizó que el proceso de extradición fue responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) y no del gobierno federal.
Afirmó que la institución que encabeza actúa con apego a la legalidad y no interviene en negociaciones judiciales internacionales.
Posteriormente, la FGR emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones del abogado defensor, calificándolas de oportunismo mediático.
La dependencia subrayó su papel en la captura de Ovidio Guzmán y recordó que su extradición fue producto de una operación conjunta con el Ejército Mexicano, en la que fallecieron diez militares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del consultor jurídico Pablo Arrocha, también se pronunció contra los señalamientos del abogado estadounidense.
Aseguró que no debatirán con defensores de criminales confesos y respaldó la posición de Sheinbaum, mientras funcionarios de su gobierno también manifestaron su rechazo a las declaraciones del abogado de Guzmán López.
El caso ha generado tensiones diplomáticas y mediáticas, evidenciando las diferencias entre los procesos judiciales de ambos países y las exigencias del gobierno mexicano de mayor inclusión y transparencia.