El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza en contra de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, a quien le enviaron una corona funeraria a su casa, ayer.
Los legisladores priistas hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad e investigar los hechos.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada, pidió a la Comisión Permanente hacer un llamado urgente al Gobierno Federal para que se implementen medidas de protección a Paola Gárate y su familia, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.
En un Punto de Acuerdo, el congresista pidió garantizar la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de la diputada. Además, exigió a nombre de la bancada del PRI que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de estos hechos.
"La defensa de la legalidad, de la libertad de expresión y de la representación popular exige que quienes ejercen la función legislativa puedan hacerlo sin amenazas, sin presiones y sin poner en riesgo su integridad personal y la de sus seres queridos", refiere el documento.
Los diputados señalaron que cualquier acto de intimidación contra representantes populares constituye una amenaza para las instituciones democráticas y para el libre ejercicio de la actividad política. Por ello, insistieron en que las autoridades deben actuar con prontitud para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, expresaron su solidaridad con la legisladora sinaloense y reiteraron que ningún servidor público debe enfrentar riesgos o presiones por desempeñar sus funciones. Indicaron que este tipo de hechos generan preocupación en un contexto de violencia que afecta a distintas regiones del país.
Finalmente, la bancada priista sostuvo que dará seguimiento al caso y pidió que las investigaciones se realicen con transparencia. También llamó a reforzar los mecanismos de protección para funcionarios y representantes de elección popular que puedan encontrarse en situación de riesgo.