Los mandatarios estatales de todo el país, incluidas las entidades gobernadas por la oposición, solicitaron a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, mantener la prisión preventiva oficiosa.
En una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), formularon un pronunciamiento en calidad de amicus curiae respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.
En el documento, los gobernadores advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional sobre la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
Ello, con el fin de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, y evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
"No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar", precisaron.
Señalaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Llamamos a la SCJN para considerar lo expuesto, ya que se trata, indicaron, de una decisión que impactará en la seguridad y gobernabilidad en las entidades, en donde los gobiernos somos responsables y tenemos la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que esta decisión tendría en la seguridad pública.