La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, pidió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicitar licencia y separarse temporalmente del cargo, luego de que la mandataria confirmó la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
A través de redes sociales, Pérez Morales sostuvo que la separación del cargo responde a razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana.
De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del propio Sistema Nacional Anticorrupción, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, pidieron a la gobernadora solicitar licencia y apartarse temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y las autoridades competentes determinan lo conducente. "Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudencial orientada a proteger el interés público, sobre cualquier interés particular o personal", señalaron.
Indicaron que, sin prejuzgar ni imputar delitos, y respetando la presunción de inocencia de Torres Torres, resulta indispensable adoptar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que puede comprometer, ya sea por percepción pública o por posibles interferencias, la legitimidad en el ejercicio del poder.
En ese sentido, destacaron que el llamado se sustenta en principios fundamentales que forman parte de las exigencias democráticas mínimas, entre ellos el derecho de la población a vivir en un entorno libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno.
Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso. "El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas", concluyeron.
Comité Anticorrupción se deslinda
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales.
En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.
Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.
En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.
También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión, pero no forma parte de un mandato institucional.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.