Para garantizar la justicia a víctimas de abuso sexual, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y las Procuradurías de Protección de las 32 entidades federativas presentaron escritos de Amicus Curiae ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En dichos escritos, las Procuradurías argumentaron que, conforme al último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los delitos sexuales perpetrados contra personas menores de edad no deben "caducar" con el tiempo. Esto significa que pueden ser investigados y procesados sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.
Destacaron que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes provoca secuelas profundas que pueden afectar el tiempo y la forma en que las víctimas logran revelar los hechos. Por ello, "es fundamental garantizar que siempre exista la posibilidad de acceso a la justicia, independientemente del tiempo transcurrido".
Así, las procuradurías solicitan de manera respetuosa a las Ministras y Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte que, al resolver los asuntos en cuestión cuando se realice la sesión y votación de este tema la próxima semana, "adopten una interpretación favorable a los derechos de la niñez y adolescencia, asegurando que su derecho al acceso a la justicia esté siempre protegido".
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informó que en el marco de un amparo en revisión y un amparo directo, corresponderá a las Ministras y Ministros decidir si los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes deben ser considerados imprescriptibles.
Denuncia diputada de politizar caso de Zimapán, Hidalgo
La diputada local de Morena, Alhelí Medina Hernández, denunció que el Sindicato del Cemento utiliza el caso de las niñas abusadas en Zimapán, Hidalgo, con fines políticos y económicos para desprestigiarla a ella y a su familia. Según la legisladora, este conflicto fue utilizado para colapsar la ciudad de Pachuca, así como diversas vialidades en otros municipios y en el Estado de México.
Estos hechos ocurren luego de que se expusiera ante la presidenta Claudia Sheinbaum el abuso sexual contra dos menores originarias del municipio de Zimapán. En este caso se implica al empresario William “N”, así como a algunos de sus familiares, quienes han resaltado que se les acusa en este hecho por la pelea de una herencia familiar. Incluso se ha implicado a una congregación cristiana, la cual ya emitió un comunicado para desmentir las acusaciones.