La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional que convierte a este cuerpo en una fuerza armada permanente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), le otorga facultades de inteligencia y permite a militares activos ocupar cargos de elección popular mediante licencias especiales otorgadas por el Ejecutivo federal.
Esta reforma elimina el carácter civil de la Guardia Nacional y establece que el Ejecutivo podrá otorgar licencias para que el personal militar desempeñe actividades civiles en los tres niveles de gobierno.
La oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, criticó duramente la reforma, señalando que viola la Constitución y consolida la militarización de la seguridad pública en México.
Los diputados advirtieron que la ley facilita el espionaje político, ya que la nueva legislación se acompaña de reformas en materia de seguridad e inteligencia que permitirían al gobierno acceder a datos personales y ubicación en tiempo real de ciudadanos sin límites claros ni controles judiciales efectivos.
Además, los legisladores opositores anunciaron que presentarán recursos legales para impugnar la reforma.