Ordenan a la UNAM cambiar procesos disciplinarios

El Tribunal Colegiado encontró que la UNAM carece de procedimientos y personal capacitado para cumplir con el criterio de justicia adaptada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) modificar su legislación en materia de sustanciación de procedimientos disciplinarios para adolescentes.

Al analizar el recurso de revisión 520/2023 contra la sanción de seis meses de suspensión de los derechos escolares, impuesta a un alumno del CCH Naucalpan, luego que un adolescente incurrió en violencia de género hacia su novia, el Tribunal Colegiado encontró que la UNAM carece de procedimientos y personal capacitado para cumplir con el criterio de justicia adaptada.

Los adolescentes de 16 años, estudiantes del CCH Naucalpan iniciaron una relación de noviazgo, primero a través de clases virtuales durante la pandemia de Covid-19 y después presencial al reincorporarse a clases. La joven denunció ante la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, actos de violencia sexual y sicológica en su contra.

Dijo que en el noviazgo, él le solicitó fotografías de su cuerpo y accedió a enviárselas; existieron escenas de celotipia y control, pues le prohibió tener amistad con algunas personas.

Además, se sintió obligada a tener relaciones sexuales con él, lo que le generó inquietud, inseguridad y preocupación, ya que a partir de ahí la trató como si fuera de "su propiedad".

Cuando la joven decidió dar por terminado el noviazgo, él la amenazó con difundir las fotografías e inició acciones de acoso, lo que la llevó a denunciar.

Tras conocer el caso, el director del plantel tomó la declaración al probable agresor y le impuso una suspensión de seis meses en sus derechos escolares.

El director envió los autos al Tribunal Universitario de la UNAM, que sólo dio la oportunidad de hacer manifestaciones y, sin mayor trámite, confirmó la resolución adoptada. La decisión fue impugnada a través del juicio de amparo, pero la Jueza de Distrito negó la protección constitucional solicitada.

Ante ello, se promovió un recurso de revisión en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con base en dos agravios: un trato desigual en la aplicación de la perspectiva de género hacia una de las partes y la aplicación de una sanción "exagerada en relación con la conducta desplegada", pues sus consecuencias podrían afectar el proyecto de vida y el desarrollo académico del inculpado.