Al presentar el proyecto de resolución ante el pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas recordó que el esclarecimiento de los hechos de aquel 26 de septiembre de 2014 fue uno de los compromisos que generó más expectativa al inicio de la actual administración federal y para el cual se creó esa comisión.
Subrayó que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta conocer la verdad de los hechos y lograr la reparación del daño a los afectados, por ello, la importancia de abrir toda la información relacionada con el caso.
"Estos informes que se están solicitando son documentos que continuamente los han hecho públicos; se nos ha informado sobre este caso; se han hecho las denuncias correspondientes y se han difundido, entonces, la información existe", recalcó.
Del Río Venegas dijo que, por las resoluciones de este organismo garante, se ha podido abrir información sobre el caso Ayotzinapa.
"Gracias a la existencia de institutos como el Inai se ha podido abrir información a la sociedad por ser un caso de máximo interés; esa es la importancia del Inai. Entonces, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá atender esta resolución y entregar la información que se solicita del caso Ayotzinapa", afirmó.
En respuesta a la solicitud formulada por una persona, la Consejería Jurídica indicó que no había registro o constancia alguna sobre la información requerida.
Inconforme, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai, argumentando que la dependencia no buscó en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República.
Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto.
Presidencia debe transparentar informes de Ayotzinapa
La Consejería Jurídica de Presidencia debe buscar y, en su caso, dar a conocer los informes presentados por la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en agosto de 2022 y septiembre de 2023, así como sus anexos y cualquier documento de soporte utilizado para su emisión (videos, entrevistas, mensajes entre personas claves, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones, cuestionarios, entre otros), resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el proyecto de resolución ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas recordó que el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas fue uno de los compromisos que generó más expectativa al inicio de la actual administración federal y para el cual se creó dicha Comisión.
Sostuvo que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta conocer la verdad de los hechos y lograr la reparación del daño a los afectados, por ello, la importancia de abrir información relacionada con el caso.
"Estos informes que se están solicitando, son informes que continuamente los han hecho públicos; se nos ha informado sobre este caso; se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe", recalcó.
Del Río Venegas dijo que, por las resoluciones de este organismo garante, se ha podido abrir información sobre el caso Ayotzinapa.
"Gracias a la existencia de institutos como el INAI se ha podido abrir información a la sociedad por ser un caso de máximo interés; esa es la importancia del INAI. Entonces, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá de atender esta resolución y entregar la información que se solicita del caso Ayotzinapa", afirmó.
En respuesta a la solicitud formulada por una persona, la Consejería Jurídica indicó que no había registro o constancia alguna sobre la información requerida.
Inconforme, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que la dependencia no buscó en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República.
Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes.
Advirtió que, si bien la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes requeridos, al haber ejercido sus atribuciones tanto en juicios de amparo como en la presentación de denuncias relacionadas con el Caso Ayotzinapa, puede conocer la información, sobre todo, porque está inmersa en esos procedimientos.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le instruyó hacer una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.
Normalistas atacan Palacio de Gobierno en Guerrero
Normalistas de Ayotzinapa protestaron ayer lunes frente al Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, incendiaron parcialmente edificios, aventaron petardos, rompieron vidrios y quemaron vehículos oficiales, a un mes de que policías estatales asesinaron de un tiro en la cabeza a su compañero, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Alrededor de las 8:30 de la mañana, unos 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos arribaron al Palacio de Gobierno en por lo menos cuatro autobuses. Los normalistas lanzaron petardos a los edificios Montaña y Tierra Caliente que forman parte del complejo que integran las oficinas centrales del gobierno de Guerrero.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil, una persona resultó lesionada en el hombro, además informó que el tercer piso del edificio Montaña fue el que resultó con más daños, así como del hallazgo de 10 petardos sin explotar.
Los normalistas ingresaron por unos de los accesos laterales al estacionamiento y quemaron 13 vehículos que se encontraban dentro del recinto y dos más que estaban fuera. Según la Secretaría de Protección Civil, 12 de los 15 vehículos sufrieron pérdidas totales.
Durante casi un mes, el Palacio de Gobierno estuvo atrincherado. En todo el perímetro fueron colocadas murallas metálicas y en las calles aledañas ballenas de concreto, así como vehículos en desuso del propio gobierno para evitar el arribo de los normalistas.
Ayer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tenía programado encabezar en la explanada del Palacio de Gobierno el homenaje a la bandera que realiza cada primer lunes de mes; sin embargo, el acto fue suspendido y el personal desalojado.
Un mes sin justicia para Yaqui Kothan
La noche del 7 de marzo, sobre el antiguo libramiento, en la salida a Tixtla, en Chilpancingo, tres policías del grupo táctico Centauro dispararon contra tres normalistas que estaban estacionados en una tienda.
Uno de los disparos dio en la cabeza a Yanqui Kothan, un normalista logró huir y otro fue detenido.
El domingo pasado, a un mes de los hechos, la madre de Yanqui Kothan encabezó un mitin para exigir la detención del policía estatal David Ramírez García, quien presuntamente disparó y está prófugo.
Se presume que, tras el crimen, Ramírez García declaró en la agencia del Ministerio Público, pero no fue detenido; la Fiscalía General del Estado (FGE) no solicitó la prisión preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública lo tuvo en resguardo administrativo.
En la concentración, donde también se manifestaron normalistas, la señora afirmó que "la destitución del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera; del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, quienes revictimizaron a Yanqui Kothan y fallaron en la procuración de justicia, no es suficiente" y pidió que sean sometidos a un juicio político y que se les finquen responsabilidades penales por la versión falsa que montaron sobre el asesinato de Yanqui Kothan.
Ante estas irregularidades, familiares y normalistas exigieron que no se nombrara en su lugar a mandos militares, petición que fue ignorada por el gobierno del estado.