A partir del 1 de septiembre, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentarán una carga de casi mil 200 asuntos pendientes, incluidos al menos 76 controversias y amparos contra reformas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T).
Entre los casos más relevantes están la reforma que otorga facultades ampliadas a la presidenta del INE, la creación del Sistema de Salud del Bienestar, y la eliminación del INAI.
La nueva integración del pleno —resultado de la reforma judicial de 2024 que estableció la elección popular de ministros— incluirá figuras como Hugo Aguilar, quien presidirá la Corte, así como Sara Irene Herrerías, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, y otros perfiles señalados como afines a Morena.
La elección del pasado 1 de junio coincidió con las guías de votación distribuidas durante la campaña por operadores políticos. Esta nueva Corte absorberá todos los asuntos, ya que la reforma eliminó el funcionamiento de las salas.
Según cifras del propio tribunal, hasta junio había mil 151 asuntos pendientes: 685 asignados al pleno, 331 a la Primera Sala y 112 a la Segunda Sala.
A partir de septiembre, todos serán discutidos únicamente por el pleno. La ministra presidenta saliente, Norma Lucía Piña, instruyó que los ministros actuales se concentren en concluir sus votos particulares y consideraciones antes del cierre de agosto.
Además de las reformas mencionadas, también deberán analizarse impugnaciones al "Plan B" electoral, la nacionalización del litio, la participación de las Fuerzas Armadas en telecomunicaciones, y la creación del Banco de ADN. Igualmente destaca el caso fiscal de Grupo Salinas, relacionado con adeudos millonarios de la empresa Elektra.
Especialistas advierten que muchos de estos casos podrían definir el rumbo institucional del país, ya que varios tocan temas sensibles como derechos fundamentales, transparencia, salud pública y equilibrio de poderes.
El futuro de organismos autónomos y de garantías ciudadanas, como el INAI, dependerá de los fallos que emita esta nueva conformación del tribunal.
La elección mediante voto popular ha generado preocupación en sectores jurídicos por el riesgo de politización de la Corte.
La inclusión de perfiles cercanos al oficialismo ha despertado dudas sobre la imparcialidad de las próximas resoluciones.
Sin embargo, defensores de la reforma aseguran que este nuevo modelo fortalece la legitimidad democrática del Poder Judicial.
Por ahora, el reto inmediato será procesar la gran cantidad de asuntos heredados por la actual integración. Desde abril, el pleno dejó de recibir nuevos casos precisamente para cerrar todos los pendientes antes del cambio.
Aun así, se prevé que el nuevo cuerpo de ministros arranque funciones con una sobrecarga inédita y bajo un fuerte escrutinio político y social.Los próximos meses marcarán una etapa decisiva en la historia reciente de la Corte. Las resoluciones que se emitan a partir de septiembre no sólo darán forma a las reformas impulsadas por la 4T, sino que también establecerán el precedente de cómo opera una Suprema Corte electa por voto ciudadano.
El equilibrio entre independencia judicial y voluntad popular será puesto a prueba.