Otra de las excolaboradoras de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, detenida en marzo por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil, sufrió un revés judicial en su intento por echar abajo la acusación que la mantiene presa.
Y es que una jueza de amparo ratificó la vinculación a proceso que se dictó a Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, implicada en el presunto esquema de corrupción por el que es buscado el Aureoles Conejo.
Viridiana Berenice Quiroz Ángel, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó el amparo y la protección de la justicia a Villegas Pineda, quien reclamó que los datos de prueba presentados por la FGR en su contra son insuficientes y no se ajustan a lo establecido en la ley.
Sin embargo, Quiroz Ángel determinó que los datos fueron "eficaces" para procesar a Villegas Pineda, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y asociación delictuosa.
"Se estima correcta la resolución reclamada, máxime que, como ya se precisó, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la ley no exige tener pruebas plenas de la participación de la parte imputada, sino que sólo se necesita que los datos establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la parte imputada lo cometió o participó en su comisión", señaló Quiroz Ángel en su sentencia.
Por lo que, la exfuncionaria michoacana seguirá presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, luego de que le negaran el amparo contra la vinculación y lo desecharan respecto a la prisión que se le impuso tras detenida. Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es uno de los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, detenidos en marzo por el caso de la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil a sobreprecio.