La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, negó que exista un enfrentamiento dentro del Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la reciente orden de reanudación de actividades del Comité Evaluador para la elección judicial.
Soto enfatizó que todas las determinaciones tomadas por su tribunal han sido estrictamente apegadas a derecho.
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, Soto defendió la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el juez de distrito que suspendió las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
La magistrada aseguró que dicha resolución está respaldada por la Constitución y que no tiene un carácter personal.“Son resoluciones jurídicas, no personales.
No hay ningún enfrentamiento ni confrontación, mucho menos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni con su presidenta”, afirmó Soto, rechazando cualquier suposición de conflicto interno en el Poder Judicial.Soto también informó que este miércoles participará en una sesión del Comité de Transición, presidido por la presidenta de la Corte, Norma Piña, como parte de sus responsabilidades institucionales.
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata subrayó que, aunque existen diferencias jurídicas dentro del Poder Judicial, esto no significa que haya una división.
“El Poder Judicial no está dividido”, aclaró, resaltando que las discrepancias jurídicas son parte del proceso democrático y legal.
En la conferencia, estuvieron ausentes la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, quienes votaron en contra de la resolución que ordenó la reanudación de las actividades del Comité Evaluador.
El conflicto relacionado con la suspensión de actividades del Comité Evaluador ha generado preocupación sobre el impacto que podría tener en el proceso de elección judicial.
Aunque Soto y los demás magistrados aseguran que las decisiones tomadas son constitucionales y legales, algunos observadores han señalado que los desacuerdos dentro del Poder Judicial podrían afectar la confianza pública del proceso.