Legisladores del partido Morena han anunciado que presentarán un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el objetivo de exhortar a autoridades federales, estatales y al Senado de la República a revisar la imposición de funcionarios de Movimiento Ciudadano en el municipio de El Salto, Jalisco.
Esta medida responde a la sindicalización de aproximadamente 500 trabajadores vinculados al partido MC, estrategia empleada por funcionarios salientes para asegurar sus puestos después de la llegada del nuevo gobierno municipal de Morena este año.
En el documento presentado se detalla cómo los funcionarios salientes, afiliados a Movimiento Ciudadano, han optado por sindicalizarse como una forma de proteger sus cargos ante el cambio de administración.
Por lo que el movimiento ha generado controversia, siendo calificado por legisladores y dirigentes de Morena como un intento de "agandalle" de posiciones clave en la gestión pública.
Uno de los principales impulsores de esta estrategia es la regidora Carolina Ávila, quien según los informes, lidera los esfuerzos para crear un sindicato "blanco y al vapor", con la intención de mantener a los empleados bajo la protección sindical hasta el fin de la actual administración. Este acto, según los legisladores de Morena, busca entorpecer la transición y el proceso de transformación que la presidenta electa por Morena, María Elena Farias, pretende implementar en El Salto.
Además de asegurar beneficios a largo plazo para los empleados de Movimiento Ciudadano, la sindicalización se percibe como un intento de mantener influencia y control sobre los recursos públicos del municipio.
Esta situación ha llevado a legisladores de Morena a solicitar una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes, con el fin de garantizar un proceso de transición gubernamental transparente y justo para los habitantes de El Salto, Jalisco.