En el marco del enfrentamiento entre México e Inglaterra, colectivos de madres buscadoras realizaron una marcha desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de Las y Los Desaparecidos a fin de visibilizar la crisis de desaparecidos, y para exigir al gobierno federal una disculpa pública por la violencia y la criminalización de la que han sido objeto sus protestas.
En punto de las 10:00 horas, los contingentes se concentraron y avanzaron hacia el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma.
Lamentaron el actuar de las autoridades y cuerpos policiacos, y aclararon que no están en contra de las celebraciones por el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial de la FIFA 2026.
En la Glorieta de Los Desaparecidos, los colectivos realizaron un acto ecuménico y disputaron una "cascarita" para concientizar sobre las desapariciones en México; además pidieron empatía a los aficionados y a la sociedad con su causa.
En entrevista, Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, desaparecida en 2025 en Tlalpan, dice que acudió a la protesta para visibilizar cómo han sido violentados los colectivos de madres buscadoras y exigir una disculpa pública del Gobierno de la Ciudad de México, "porque aunque ya lo hicieron, no es suficiente porque fue una agresión directa".
"No somos grupos de confrontación, partidistas, ni estamos en contra del gobierno, lo único que exigimos es que nuestros hijos sean localizados", advierte.
Reprocha la falta de resultados por parte de las autoridades en materia de desapariciones, "porque todas las madres padecemos lo mismo (...) No es posible que tengamos una cifra tan alta de desapariciones y que ellos no respondan por esta situación".
Desapariciones en Sinaloa
Las personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa aumentaron 252% durante la administración de Rubén Rocha Moya. Registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que los casos pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025, la cifra anual más alta registrada durante su gestión.
Entre el 1 de noviembre de 2021, cuando asumió la gubernatura, y el 2 de mayo de 2026, fecha en la que solicitó licencia al cargo, se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad. De ese total, 2 mil 553 siguen como personas no localizadas; 2 mil 473 son personas que fueron ubicadas y 413 fueron halladas sin vida.
Ahora, bajo el gobierno de Yeraldine Bonilla Valverde, la CNB reporta que desde que asumió el cargo hasta la fecha, es decir, en dos meses, han desaparecido 149 personas, de las cuales 21 ya fueron encontradas, mientras que 128 siguen sin ser ubicadas.
Los registros de la comisión muestran una tendencia ascendente de desaparecidos bajo el gobierno de Rocha Moya, al pasar de 270 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 321 en 2023, 715 en 2024 y 951 en 2025.
Tan sólo entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2026 se contabilizaron otras 244 personas desaparecidas y no localizadas.
Rocha Moya es requerido por Estados Unidos, que ha solicitado su extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales y la DEA, el gobernador con licencia habría utilizado su cargo para brindar protección a integrantes de la organización criminal, permitir que la facción de Los Chapitos operara con impunidad y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Las autoridades de ese país sostienen que cuentan con evidencia de reuniones entre Rocha Moya y líderes del grupo criminal.
Especialistas consultados coinciden en que el incremento de las desapariciones durante la administración de Rubén Rocha Moya constituye uno de los indicadores más claros del deterioro de las condiciones de seguridad en Sinaloa, y advierten que el fenómeno no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una crisis más amplia vinculada a la disputa entre grupos criminales, la debilidad institucional y la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades.
"Las desapariciones se vinculan con la disputa entre grupos del crimen organizado, el control territorial, el reclutamiento forzado, la impunidad y las debilidades institucionales para prevenir e investigar estos delitos", señala Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad.