Normalistas irrumpieron en Palacio Nacional el miércoles exigiendo justicia por el caso Ayotzinapa en 2014.
Los estudiantes, en un acto de protesta, rompieron la puerta de madera del recinto histórico, desatando un enfrentamiento con la seguridad del lugar que logró contenerlos antes de que pudieran avanzar más en su incursión.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba realizando su tradicional rueda de prensa matutina cuando se produjo el incidente.
Ante la situación, el mandatario expresó su opinión, calificando la acción como una provocación y destacando su disposición a que los estudiantes fueran recibidos por el subsecretario, aunque recalcó que lo fundamental era encontrar a los jóvenes desaparecidos.
En sus declaraciones, López Obrador también señaló a exfuncionarios de la CIDH y a grupos conservadores de manipular a los padres de los normalistas, lo que generó tensiones adicionales en medio del conflicto.
La Fiscalía General de la República (FGR) no tardó en actuar y abrió una carpeta de investigación por los daños ocasionados tanto en su Centro Nacional de Arraigo como en Palacio Nacional.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la FGR se desplegaron para recabar evidencia y documentar los destrozos causados por los estudiantes.
Los jóvenes, encapuchados en su mayoría, utilizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para derribar la puerta de madera de uno de los accesos al recinto histórico.
Además de los daños en la puerta, también se registraron roturas de vidrios y pintas en las paredes del edificio antes de que los manifestantes se retiraran hacia Tixtla, Guerrero, donde se encuentra la Normal de Ayotzinapa.
Este episodio marcó el último encuentro entre el presidente López Obrador y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, profundizando el distanciamiento entre ambas partes.
Los familiares y los estudiantes continúan exigiendo al gobierno restablecer el diálogo y obtener acceso a archivos que consideran fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los tropiezos en la relación entre el gobierno y los familiares comenzaron cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH confirmó que se trató de un crimen de Estado y acusó a las Fuerzas Armadas de interferir en las investigaciones.
La renuncia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la asunción de López Obrador en la investigación, no se veía un panorama de agravaron, sin embargo debido a los últimos datos de la investigación del caso, generó el distanciamiento aún más de la situación.
El presidente ha señalado una supuesta "rebelión" en la FGR y ha criticado la participación de ciertos abogados en el caso, profundizando aún más la brecha entre las partes.
La ruptura se agravó cuando ocho militares vinculados al caso fueron liberados, generando una mayor desconfianza por parte de los familiares y estudiantes hacia las instituciones gubernamentales.