El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió una queja contra Carlos Alberto Pantoja Arreola, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, quien en abril pasado absolvió a siete marinos de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) ligados al caso de desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.
Familiares de los desaparecidos hace ocho años, en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto —diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018— acudieron a la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en la Ciudad de México para denunciar que el juzgador federal faltó al principio de "legalidad, imparcialidad, honradez y respeto" que deben regir a los servidores públicos.
En su sentencia emitida en abril pasado, Carlos Alberto Pantoja Arreola, juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California Sur, con residencia en La Paz, actuando como Tribunal de Enjuiciamiento, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para acreditar la desaparición forzada en el caso de José Luis Carrillo Bautista, ocurrida en mayo de 2018, cuando se encontraba en el establecimiento Yonke Pepe´s, en Nuevo Laredo, donde estaban reunidas varias personas.
Y es que —aseguró— los testimonios presentados sobre los hechos se contradicen y no satisfacen el estándar probatorio para llevar a una sentencia condenatoria contra los marinos Roberto Carlos Díaz Macedonio, Leonardo Barrios Fu, Jesús Abraham Villa, Jorge Vital Paulino, Pablo Nicolás Mejía, Rafael Zúñiga Olivera y Jesús Manuel Mongoy Hernández.
"Bajo ese tenor, debe decirse que el desfile probatorio que se desarrolló en la audiencia de juicio no permite dar certeza a este juzgador de que [los marinos] cometieron el delito materia de la acusación", determinó.