Este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma al Poder Judicial, la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado un amplio descontento entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes desde el 19 de agosto se encuentran en paro indefinido de labores como muestra de su inconformidad.
Po loque la reforma busca modificar el artículo 95 de la Constitución para establecer que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, en lugar del actual proceso de designación.
Además, se propone que estos servidores públicos ocupen sus cargos por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
Dado que de acuerdo con la propuesta, se llevarán a cabo dos elecciones para seleccionar a la totalidad de ministros, magistrados y jueces.
La primera se realizaría el primer domingo de junio del próximo año, y la segunda en 2027.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegidos en estos comicios ocuparían sus cargos por un periodo variable de 8, 11 o 14 años, dependiendo del resultado de la votación.
Uno de los cambios más significativos que plantea la reforma es la reducción de ministros en la SCJN, pasando de once a nueve.
Además, las dos salas que actualmente existen en el máximo tribunal serían eliminadas, con lo que las sesiones se llevarían a cabo únicamente en el pleno.
Otro punto relevante del proyecto de dictamen es la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que debería ocurrir a más tardar el 1 de septiembre de 2025.
Como resultado, las magistraturas de esta sala no se renovarán en la elección extraordinaria prevista.
Por lo que la reforma también contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la SCJN, así como la imposición de un tope salarial, estableciendo que ningún funcionario del Poder Judicial pueda ganar más que el presidente de México.
Finalmente, se propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos nuevos organismos: un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
El primero asumiría las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, además de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
El segundo se encargaría de recibir denuncias contra ministros, magistrados, jueces y personal judicial.
La iniciativa judicial busca, entre otros objetivos, garantizar una justicia más expedita, estableciendo plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales, con el fin de agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la impartición de justicia en México.