En medio del debate por la reforma judicial y de acusaciones por el retraso de jueces y magistrados en sus resoluciones, los poderes Ejecutivo y Legislativo tampoco han acatado las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de siete resoluciones judiciales —algunas vienen desde 2019 a la fecha— que atañen a temas como la regularización de la cannabis; la declaratoria que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para catalogar proyectos y obras federales como de seguridad nacional, y el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional (Sedena).
La obligación de legislar a nivel federal sobre la Ley General de la Consulta, Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe; una sentencia que obliga al Estado a fortalecer la información pública en materia de vivienda; la obligación de Senado para designar los cargos vacantes en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la aprobación de una Ley General de Aguas.
Legisladores morenistas, e incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, han denunciado públicamente que en el Poder Judicial "se dejó de combatir la corrupción y se regresó al nepotismo". Esta semana, el Mandatario hasta aprovechó para afirmar que los jueces y magistrados "están doblemente obligados a respetar la Constitución" por ser autoridades.
Para el abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM Francisco Burgoa, "sale de toda lógica" que los poderes Ejecutivo y Legislativo quieran aprobar una reforma al Poder Judicial cuando, desde ambos poderes, se niegan a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte: "Se sale de toda lógica que el Primer Mandatario mexicano proponga una reforma al Poder Judicial cuando, desde el Poder Ejecutivo, se niega a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo mismo para el Poder Legislativo. Esa actitud es de una arrogancia de quien sabe que goza de una inmunidad procesal ["fuero"] casi absoluta, y que no se le puede hacer prácticamente nada y menos si cuenta con la mayoría de los legisladores de su proyecto político que lo respaldan".
En el año 2019, la Suprema Corte recibió un amparo denunciando la omisión absoluta del Congreso de la Unión de legislar a nivel federal sobre la Ley General de la Consulta, Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe. Desde julio de 2016, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una recomendación general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenciando la omisión legislativa en la materia, por lo que en 2020 la Corte ordenó al Congreso avalar una reforma para garantizar consultas a los pueblos indígenas.