La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que en sus mañaneras el presidente López Obrador habría vulnerado los principios de imparcialidad, usó de manera indebida los programas sociales y coaccionó el voto en los pasados comicios.
A través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal arremetió contra los magistrados electorales al señalar que se han convertido en "adivinos" de la voluntad del Presidente.
La Consejería Jurídica, a cargo de María Estela Ríos González criticó que los magistrados de la Sala Regional Especializada "afines a grupos opositores" usaron su cargo para restringir al Presidente y al pueblo de México del derecho de acceso a la información.
"Sin hacer una valoración de las manifestaciones y pruebas rendidas por el Presidente, y únicamente apoyándose en lo que dijeron los quejosos, resuelven en contra del Primer Mandatario y de otros servidores públicos, 19 quejas sobre 36 conferencias de prensa matutinas", señaló.
La Consejería acusó que a pesar de tratarse de un procedimiento caducado, los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala infraccionaron al Jefe del Ejecutivo por "expresar sus ideas", informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023.
Criticaron que con "argumentos baladíes" los magistrados adjudicaron a las palabras del Presidente una "intencionalidad distinta" de lo manifestado.
La Consejería Jurídica dijo que el Mandatario jamás se pronunció a favor o en contra de algún partido político o candidata o candidato, que sólo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que tiene todo ciudadano en un régimen democrático.