El juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato; además, impuso una nueva multa de 54 mil 285 pesos y dio un plazo de 24 horas para frenar el proceso electoral extraordinario en la elección de jueces, magistrados y ministros de 2025.
El INE consideró que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral, dado que devienen de un mandato y atribuciones expresamente conferidas por la Constitución.
El juez enfatizó que la autoridad responsable ha sido renuente en acatar la suspensión decretada; por tanto, debe dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, con copia autorizada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. "A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador; no obstante, se le ha requerido en diversas ocasiones y se le ha apercibido de que incurriría en la conducta prevista en el numeral antes señalado", manifestó el impartidor de justicia en un acuerdo.
También solicitó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México.
"Apercibido que de no acatar lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que corresponden a 5 mil 428 pesos, lo anterior de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
"Además, hágase de su conocimiento que los nombres de las personas a quien se hizo efectivo el medio de apremio ordenado en el presente incidente, corresponden a los Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto Nacional Electoral", detalló el juez.
En tanto, el INE subrayó que es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales, en tanto exista la norma que constitucionalmente le impone dicha atribución y mandato como ocurre en el caso.