El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de los 26 reos extraditados a Estados Unidos, había quienes lograron a través de resoluciones del Poder Judicial, traslados a prisiones de menor seguridad para seguir delinquiendo o incluso salir libres.
"Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja, seguridad, e incluso se prevería que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales.
"Recibieron resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones, delictivas o incluso un riesgo de fuga", informó en conferencia.
La decisión de extraditarlos se tomó con base en la Ley de Seguridad Nacional y en respuesta a una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no buscar la pena de muerte para los acusados.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la entrega como un "ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles".
Entre los cargos que enfrentan los extraditados están tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y delincuencia organizada.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la acción como una "decisión soberana" basada en la seguridad pública, negando que fuera parte de un acuerdo político con Estados Unidos.