Grupos ambientalistas piden a la CIDH frenar Tren Maya

Aseguran que el proyecto, el cual deberá arrancar el 25 de este mes, afectará el sistema de cenotes

MÉRIDA, Yuc.- Grupos y organizaciones ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán sobre los daños que ocasionaría el megaproyecto Tren Maya.


Según la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el proyecto, el cual deberá arrancar el 25 de este mes, afectará el sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.


Hay que recordar que la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de los pueblos originarios de la Península de Yucatán, por lo que ordenó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspender actividades no esenciales en relación al proyecto.
Sin embargo, ese día la Fonatur anunció el fallo de la licitación pública internacional para la construcción del Tramo 3 del Proyecto Tren Maya, que irá de Calkiní, Campeche, hasta Izamal, Yucatán.
Las organizaciones manifestaron que las autoridades mexicanas han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos en esa zona.


Indican también que estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto Tren Maya, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes.


Todo ello porque además el proyecto incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.


Las organizaciones esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto Tren Maya, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y asentamientos y comunidades mayas.