El desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se dirime en dos frentes: el judicial, con la solicitud del juicio de procedencia en la Cámara de Diputados; y el mediático, donde se le ha acusado, sin pruebas, de tener vínculos con el crimen organizado, de haber sido detenido en 1986 en Estados Unidos por robo de armas y de que el Cártel del Golfo financió su campaña a la presidencia municipal de Reynosa en el año 2004.
De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) no comprobó estas afirmaciones en la acusación con la que busca retirarle la inmunidad para llevarlo ante un juez. Se publicó el pasado lunes que la Fiscalía General de la República sólo sustentó las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, con la compra-venta de un departamento en Santa Fe; el impago de 6 millones de pesos de impuestos, así como de encabezar una organización criminal para extraer más de 55 millones de pesos del erario de su estado, con el apoyo de empresas fachada, para beneficiar a una empresa familiar.
Pero, al no poder sustentar los presuntos vínculos con el crimen organizado, el robo de armas en Estados Unidos, y las delaciones de que el Cártel del Golfo (CDG) financió su campaña para la presidencia municipal de Reynosa en 2004, ésto no fue incluido en la carpeta de investigación que se encuentra en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, y solamente se quedaron en la relatoría de hechos, lo cual se está utilizando de manera mediática en distintos medios.
El 29 de junio de 2020, el morenista Alejandro Díaz Durán presentó una denuncia contra García Cabeza de Vaca en la que señalaba que sus ingresos como funcionario no correspondían con las propiedades, vehículos y cuentas que presuntamente pertenecen al mandatario panista, o en conjunto a su familia.
Díaz Durán aseguró que García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las corporaciones policiacas de México y Estados Unidos, con sospechas de vínculos con el crimen organizado, así como con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mencionó que el mandatario fue detenido en McAllen, Texas, por robo de armas "y ahí inició su oscura carrera política en el año de 1998, al participar como precandidato a la presidencia municipal de su natal Reynosa, Tamaulipas".
Además, lo vinculó presuntamente con células del narcotráfico, lo que le otorgó al gobernador recursos para su familia, y describió que en 2004 el entonces mandatario Tomás Yarring- ton le dijo al empresario Antonio Peña Argüelles que necesitaba conseguir recursos del CDG para apoyar la candidatura de García Cabeza de Vaca, porque tenía especial interés de que él ganara, pues él le ayudaría con los votos.
Según Díaz Durán, Peña Argüelles pidió el dinero a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de Gregorio Sauceda Gamboa "El Metro 2", miembro del Cártel del Golfo y jefe de la plaza en Reynosa, quienes le proporcionaron medio millón de dólares. Sin embargo,
nada de esto fue sustentado o comprobado por la autoridad judicial. Díaz Durán basó sus acusaciones contra el gobernador panista de tener vínculos con el crimen y haber sido financiado por el CDG en las declaraciones que hizo el testigo colaborador Ángeles en la declaración ministerial rendida ante el agregado de la FGR en Texas, Estados Unidos, ante el licenciado Kepler Barrón Arteaga.
Sin embargo, de acuerdo con un oficio de respuesta del 5 de mayo de 2016, dirigido al director General Adjunto de la Dirección de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Héctor Alejandro Meza Cabello, se reveló que García Cabeza de Vaca no es mencionado en ese expediente.
"Al respecto, cabe referir que la indagatoria señalada arriba consta de 420 tomos, más anexos; derivado de lo anterior, esta autoridad verificó los tomos de la misma y no se cuenta con declaración alguna del testigo colaborador con clave Ángeles, en la que declare contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca", describe en la respuesta.
"CAUSA MUERTA"
Sobre el robo de armas, en noviembre de 2004 el fiscal del Condado de Hidalgo, Texas, René Guerra, declaró públicamente que esa causa ya estaba muerta para su oficina y aceptó que, efectivamente, se cometió un delito en 1986, pero García Cabeza de Vaca sólo acompañaba a otros hombres, y se les arrestó a todos.
Agregó que su oficina no iba a acusar a todos por los hechos de uno, y dijo que la política mala no le puede ganar, y cuestionó por qué se insiste en levantar muertos ya enterrados, pues García Cabeza de Vaca tiene todos sus derechos a salvo.
"Esa causa ya está muerta de parte de mi oficina, y de parte de los servicios de la policía de McAllen. Este muchacho [García Cabeza de Vaca] andaba con otros muchachos, un muchacho menor de edad, y se cometió un delito y arrestaron a todos.
Nuestra oficina no va a acusar a todos por los hechos de uno, para mí, si no pueden hacer mejor política, que el señor García Cabeza de Vaca a ganarle por mejores ideas contra él [sic]. "No sé por qué insisten en seguir una política, nos ofrecen como candidato para un puesto a una persona a ganar con mejores ideas, la política mala no le puede ganar, no sé por qué insistimos en seguir levantando muertos ya enterrados, el señor tiene todos sus derechos aquí", dijo René Guerra, fiscal del Condado de Hidalgo.
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
El pasado viernes 19 de marzo, al comparecer ante la Sección Instructora, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que uno de los elementos que sustenta la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas es la compra de un departamento en 2013 en Bosques de Santa Fe, Ciudad de México, y que podría haber estado financiado por empresas fachada que utilizó el Cártel de Sinaloa.
Nieto Castillo reveló que la compra de este inmueble se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome), la cual fue fondeada por dos empresas fantasma que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, por lo cual se presume que la adquisición fue con recursos de procedencia ilícita. "¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
No le corresponde a la UIF más que demostrar hechos, y el Ministerio Público [MP] es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer la acción penal", describió Santiago Nieto. El funcionario explicó que la Sofome recibió de las dos empresas fachada dos transferencias o SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) el 17 de diciembre de 2013 por 14.3 millones de pesos, una por 8.3 millones y otra por 6 millones. Y la Sofome le otorgó exactamente 14.3 millones de pesos a García Cabeza de Vaca para la compra del departamento en Santa Fe, el 18 de diciembre, un día después de las primeras transferencias.