El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de la reforma constitucional del Poder Judicial, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor a partir de este lunes.
Al hacerlo en Palacio Nacional, junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejecutivo federal dijo que la reforma permitirá mejorar a dicho poder y con ello garantizar que ahora sí, sea el pueblo el que mande.
"Es con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de derecho, que se acabe la simulación, porque se hablaba también de que vivíamos en democracia pero no, dominaba una oligarquía, una minoría con fechada de democracia", dijo.
Agregó: "Ahora sí es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio".
Puntualizó que decidió firmar el decreto este 15 de septiembre por tratarse de un día histórico. "El humanismo mexicano tiene dos pies, dos sostenes; la grandeza cultural de México y nuestra fecunda historia política".
La reforma quedó publicada pese a que un Tribunal Colegiado ordenó suspender su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con el decreto, que apareció en la edición vespertina de este domingo, la controversial enmienda entrará en vigor este lunes 16 de septiembre.
Entre los principales cambios, la reforma establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 2025.
Desaparecen las dos salas del Máximo Tribunal, que actualmente resuelve asuntos en materia civil y penal, así como administrativa y laboral, y el pleno se reduce de 11 a nueve ministros, que durarán en el cargo 12 años en lugar de 15.
Además, plantea la sustitución en septiembre de 2025 del Consejo de la Judicatura Federal por dos instancias: un organismo de control administrativo, encargado de todos los presupuestos, y un Tribunal de Disciplina Judicial, con facultades para sancionar a todos los integrantes de la Judicatura, incluidos los ministros de la Corte.
Para la elección de los nueve ministros del Máximo Tribunal, el Poder Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Judicial a otros 10, el Senado a cinco, al igual que la Cámara de Diputados.