Senadores, diputados federales y la dirigencia nacional del PAN destacaron la captura del líder del grupo delictivo "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López, así como exigieron a las autoridades mexicanas una investigación imparcial y castigo a los políticos que lo encubrieron.
"Reconocemos el trabajo de las autoridades que participaron en la captura. Pero detener a una persona no basta: México necesita verdad completa, responsabilidades claras y cero encubrimiento", expusieron en un pronunciamiento conjunto.
"Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales".
Expusieron que una muestra clara de esta preocupante situación es que, según información periodística y oficial, los vínculos criminales del exsecretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces Gobernador y entonces Presidente de la República, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador.
"Pese a esos señalamientos, se le mantuvo en funciones y al mismo tiempo —presuntamente— al frente de la principal organización criminal del Estado", lamentaron.
Indicaron que la ciudadanía merece una explicación completa: ¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron? La justicia no puede detenerse en un solo nombre ni usarse para simular. La verdad debe llegar hasta las últimas consecuencias.
La dirigencia nacional y las bancadas del PAN exigieron una investigación a fondo e imparcial; cero encubrimiento: indagar no solo las presuntas conductas del exfuncionario, sino toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros; que se sancione a quien haya protegido, omitido o facilitado actividades delictivas.
Además, llamaron a que organismos internacionales de derechos humanos y de combate a la corrupción den seguimiento al caso, con el fin de garantizar que las indagatorias no se conviertan en un proceso parcial o manipulado políticamente. "La justicia debe ser independiente, transparente y confiable, no un instrumento para el cálculo electoral", señalaron.
Finalmente, advirtieron que este episodio es una oportunidad para demostrar si en México realmente se combate la impunidad. "Lo que está en juego no es solo la credibilidad de las instituciones, sino la confianza de millones de ciudadanos que esperan que, por una vez, se llegue hasta el fondo y se castigue a todos los responsables sin excepción", concluyó el pronunciamiento.