Al registrarse cuatro meses de la publicación de la reforma al Poder Judicial la implementación enfrenta serios cuestionamientos legales y operativos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
"Hasta el momento, se han presentado 798 amparos en su contra, lo que refleja el alto grado de oposición y los problemas estructurales que conlleva. Las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las instituciones y dificultando la organización del proceso electoral", expuso.
Por ejemplo, se detectaron irregularidades en las listas de candidatos, hubo crisis en el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, además de que se generaron riesgos económicos y de inversión.
Lo anterior porque se detectaron irregularidades en las listas de candidatos para la elección judicial, por lo que la autoridad electoral realizó algunas "modificaciones en los listados sin justificación que aclare los cambios realizados, lo que generó incertidumbre en la transparencia y falta de certeza en el proceso de selección".
La Coparmex dijo que se generó un clima de inseguridad jurídica lo que "representa un riesgo significativo para la inversión nacional e internacional. La falta de claridad en las reglas del juego y la politización de la justicia generan un entorno adverso para el desarrollo económico ante la imposibilidad de garantizar un proceso imparcial".