MÉXICO.- Tras una audiencia de más de 18 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prófugo de la justicia, por presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en la entidad.
El próximo jueves, Patricia Sánchez Nava, jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente capitalino, determinará si vincula a proceso al exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSPC, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
De esta manera, Bernal Bustamante y Mario Delgado quedaron presos en el Reclusorio Oriente, mientras que Elizabeth Villegas y Carlos Maldonado fueron trasladados al penal de Santa Martha Acatitla, este último por razones de salud, ante la posibilidad de que se pudieran evadir de la justicia, ya que el exsecretario de Administración y Finanzas intentó huir a Miami pero fue interceptado por la Interpol.
Durante la diligencia, que inició a las 21:00 horas del sábado y concluyó cerca de las 15:00 horas del domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Michoacán de causar un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en complicidad con los detenidos.
Según los fiscales de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, entre 2016 y 2021, el exmandatario michoacano autorizó contratos para la renta de terrenos para siete cuarteles, que fueron otorgados a la inmobiliaria de nombre "DIP", mediante adjudicación directa, a la que se le hicieron pagos anticipados sin dueña de los terrenos.
Los contratos se modificaron para agregar servicios de limpieza y mantenimiento de los inmuebles, y después los terrenos fueron comprados por el gobierno de Aureoles Conejo, a sobreprecio.
Los fiscales señalaron que los terrenos para los cuarteles fueron comprados con los siguientes sobreprecios: Apatzingán, 76 millones de pesos; Huetamo, 37; Jiquilpan, 90; Lázaro Cárdenas; 163; Uruapan, 63; Coalcomán, 116, y Zitácuaro 103 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y que se transfirieron mediante 90 operaciones bancarias.
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