Difieren audiencia para resolver suspensión definitiva

En la que debía resolver si otorgaba o no la suspensión definitiva de los trabajos del Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, del mega proyecto Tren Maya.

CANCÚN, QR.- El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, difirió al 27 de mayo, la audiencia incidental programada para ayer, en la que debía resolver si otorgaba o no la suspensión definitiva de los trabajos del Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, del mega proyecto Tren Maya.
La audiencia debió desarrollarse la mañana de ayer, pero fue hasta la noche cuando se notificó vía estrados, en su versión electrónica, la nueva fecha, con horario a las 9:55 horas.
En marzo de este año, con el acompañamiento de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), tres espeleólogos residentes en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, se ampararon en contra de la devastación de selva en el Tramo 5 –que va de Cancún a Tulum– que se realiza desde febrero pasado, sin estudios ni permisos, es decir, ilegalmente.
El expediente 884/ 2022 fue enviado de los Juzgados de Quintana Roo al Juzgado 1 de Distrito, en Yucatán, debido a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de julio del 2021 que determinó que todos los asuntos sobre el Tren Maya recaerían ahí.
El 18 de abril, el juez, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió la suspensión provisional de solo para el Tramo 5 Sur, para efectos de "suspender" o "paralizar" toda obra o actividad, ante el "peligro inminente" de que se provoquen daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales y, ponderando el principio precautorio que mandata la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
Dicha medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, cuya audiencia –originalmente– se había programado para el mediodía del 22 de abril, pero se difirió para el 13 de mayo.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, interpusieron un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativas, del Decimocuarto Circuito, con los asuntos 284 y 285 / 2022, para combatir la suspensión provisional.
Sin embargo, el pasado 12 de mayo, dicho Tribunal consideró infundados los alegatos expuestos por la institución y la empresa y confirmó la suspensión provisional del Juzgado Primero, lo que mantiene suspendidas las obras hasta que se defina si dictan o no la suspensión definitiva.
La mañana de ayer viernes, integrantes del movimiento Sálvame del Tren se dieron cita en Yorogana, una de las cavernas subterráneas que se ubican en pleno trazo del Tramo 5, en donde esperaban recibir la noticia sobre el fallo de Novelo Pérez, respecto a la audiencia incidental, para deliberar si se otorgaba o no esa suspensión.
Sin embargo, la resolución no llegó. La audiencia fue nuevamente diferida, al 27 de mayo, lo cual fue hecho público por el órgano judicial hasta anoche.
Los trabajos preparatorios para la obra comenzaron a desarrollarse en febrero pasado, sin ningún permiso.
Las autoridades federales han admitido que los estudios aún están en elaboración y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) no se han sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que violenta el marco legal.
El gobierno federal tampoco ha obtenido las autorizaciones en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que mandatan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Forestal.
Su actuación se basa en una autorización provisional expedida por la Semarnat, a principios de diciembre, emanada de un Acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre del 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que declara al Tren Maya y a otros megaproyectos federales, como de "interés público" y "seguridad nacional".
Dicho acuerdo ha sido controvertido judicialmente por organizaciones civiles, bajo la premisa de que es inconstitucional.