La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dijo que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial de la Federación (PJF).
"Reformar al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en toda sociedad democrática", aseveró durante el reconocimiento que recibió la SCJN, por su impresionante, valiente y generosa actividad en la defensa del Estado de derecho, por parte de la International Bar Association (IBA).
Durante su discurso en el Congreso internacional de abogados de diversos países en el Centro CityBanamex, la ministra comentó que ahí está el legado invaluable por el que han hablado las juezas y los jueces de la República.
"Ahí está la historia que hemos escrito, y los derechos ahí están, en la Ley Suprema que nos rige. Sigamos defendiendo. Por mi parte, trabajaré por ello hasta el último aliento por amor al derecho", refirió al tiempo que se le quebró la voz y fue ovacionada por los presentes.
Con voz entrecortada señaló que por amor a la investidura que conlleva impartir justicia, "por amor a la independencia judicial. Pero sobre todas las cosas, por el enorme amor que le tengo a mi país, al que defenderé siempre. Lo dije y lo reitero, nadie tiene el monopolio del amor por su país".
Reconoció que se necesita una reforma al PJF, pero integral, que fortalezca a todo el sistema de justicia y sus actores clave, luego que se difundió en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional. "A fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, de forma pronta y expedita. Si nuestro sistema de justicia no cuenta con cimientos sólidos, no importa cuántas modificaciones se implementen, la estructura eventualmente cederá", refirió.
Acompañada de la ministra Margarita Ríos Farjat y de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, sostuvo que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.
"La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura", detalló.
Piña Hernández externó que asumiendo la responsabilidad de ser la presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha sostenido, una y otra vez, que la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales; la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
En su discurso, reconoció a los integrantes de la Asociación por su labor persistente en la protección del Estado de derecho; en el apoyo a la independencia de los poderes judiciales y el derecho de las abogadas y los abogados a ejercer su profesión sin interferencias.
"Recibo en representación de la Institución, con gran honor y gratitud el reconocimiento que esta Asociación Internacional extiende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su impresionante, valiente y generosa actividad en la defensa del Estado de derecho.
"Como representante de nuestro Alto Tribunal, me es grato recibir este Primer Premio de Impacto de la IBA, concebido para dar la máxima visibilidad a aquellas entidades y personas que realizan una aportación especialmente positiva en ese ámbito, como claramente es el caso de la Suprema Corte", aseveró la ministra.
Resaltó que el reconocimiento debe ser para todas las personas servidoras públicas integrantes del Poder Judicial de la Federación que en estos momentos cruciales que habrán de delinear el futuro de México, han actuado con la mayor entereza.
La ministra presidenta subrayó que la sociedad mexicana se ha dado cuenta de cómo el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias, resoluciones que, reconocidamente, han protegido los derechos y las libertades.
Argumentó que el trabajo de la Corte se ha concentrado en preservar los derechos de las personas y grupos. "Ahí están nuestras sentencias sobre la tutela jurisdiccional efectiva; la prisión preventiva; el derecho a una defensa adecuada; la libertad personal y la presunción de inocencia; la libertad religiosa; el libre desarrollo de la personalidad; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; los derechos de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
"El interés superior de la niñez; los derechos de personas, pueblos y comunidades afromexicanas; la reparación integral; la igualdad y no discriminación; la propiedad intelectual; el derecho de reunión; la perspectiva de género; la autonomía reproductiva de las mujeres; el derecho de acceso a la información; la privacidad e intimidad de las personas; los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos criterios más", remarcó la ministra presidenta.
Enfatizó que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.