La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ha desechado 385 recursos de revisión de solicitudes de información, de un total de 2 mil 635 expedientes que recibió del 21 de marzo, a partir de la extinción del Inai, al 11 de julio de este año.
Mediante un comunicado, la dependencia refirió que los recursos de revisión desechados representan el 14.6% del total de los recursos recibidos, "siendo el porcentaje menor desde 2014".
No obstante, no detalló cuántos recursos ha resuelto, del total de los recibidos; además, el porcentaje comparado deriva de las solicitudes recibidas en menos de cuatro meses, contra las que recibió el Inai anualmente, desde 2014.
Al respecto, el pasado 2 de agosto, EL UNIVERSAL publicó la nota "Sucesor del Inai niega datos del gobierno en 99.6% de los casos", en la cual dio a conocer que la Secretaría Anticorrupción había recibido 2 mil 253 recursos de revisión, pero sólo había resuelto 457 casos.
De éstos últimos, sólo aprobó que dos sujetos obligados entregarán la información solicitada: en una resolución ordenó sobreseer el recurso, y en otra ordenó al sujeto obligado modificar la respuesta.
Mientras que los 455 recursos de revisión restantes que revisó, fueron desechados, es decir, el 99.6% de ellos, con lo cual se negó la información solicitada.
Se trata de recursos de revisión que fueron interpuestos por ciudadanos luego de que los sujetos obligados, en su mayoría dependencias federales, tampoco dieron respuesta a las solicitudes de información que se les hicieron.
Entre los recursos que han sido rechazados por Transparencia para el Pueblo destaca información solicitada a la Presidencia de la República, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría Anticorrupción, Sedena, Semar y al propio instituto de transparencia, entre otras.
Diversas organizaciones civiles han cuestionado la opacidad con la que ha actuado la Secretaría Anticorrupción, señalando que el alto porcentaje de desechamiento de recursos debilita el acceso a la información pública y pone en entredicho el compromiso del gobierno con la transparencia.
Expertos en transparencia advierten que el desecho masivo de recursos podría generar un efecto inhibidor entre los ciudadanos, quienes al ver negadas sus solicitudes en la mayoría de los casos, podrían dejar de ejercer su derecho a la información.