El 1 de junio de 2025, un contenedor arribó al puerto del Puerto del Callao tras partir cinco días antes del Puerto de Manzanillo, Colima.
La documentación señalaba 800 sacos de piedra triturada de 25 kilos con destino final Bolivia. Sin embargo, la carga nunca salió de Perú.
Una alerta de inteligencia permitió a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervenir el envío. Los análisis de laboratorio confirmaron que la piedra estaba impregnada de mercurio, insumo clave para la minería ilegal de oro.
La autoridad estimó un volumen de hasta cuatro toneladas, valuadas en más de 500 mil dólares, unos 8.7 millones de pesos.
El medio OjoPúblico reconstruyó la ruta del contrabando con base en fuentes fiscales y documentos oficiales.
La investigación apunta a una red que conecta México, Perú y Bolivia para abastecer economías ilegales vinculadas a la minería aurífera. El 26 de junio de 2025, la fiscalía peruana atrajo el caso por su alcance internacional.
Además, la ONG Environmental Investigation Agency (EIA) documentó 50 envíos ocultos de mercurio desde México entre 2019 y 2025; 37 de ellos llegaron a Perú.
La fiscalía investiga a ´Exportadora de Rocas y Derivados Zace S.A. de C.V.´, con sede en Querétaro, y a su representante legal Eduardo García Patlán, así como a la boliviana Luz Zelmira Morena Valdivia, señalada como destinataria del cargamento. También indaga al peruano Christan Estunder Castillo Meléndez, gerente de C&K Pukaray E.I.R.L., empresa que importó al menos 26 envíos similares desde Manzanillo entre 2019 y mayo de 2025. Todos fueron consignados por la exportadora mexicana.
El fundador de la compañía mexicana fue sancionado en Perú en 2024 por ingresar 40 mil dólares sin declarar.
Posteriormente, transfirió sus acciones a los hermanos Zamorano Dávila, quienes también fueron multados por hechos similares. La EIA señala que uno de ellos declaró haber participado durante más de una década en el contrabando de mercurio.
El informe también menciona testimonios sobre una presunta toma de control de minas en Querétaro por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se confirmó un vínculo directo.
El esquema consistía en impregnar mercurio en grava para evadir controles aduaneros.
Luego, las piedras se sometían a tostación en hornos para separar el metal líquido, que se almacenaba en frascos de hierro para su venta en la minería ilegal amazónica.
El cargamento permanece asegurado en Perú debido al riesgo de contaminación. Investigaciones previas señalan que la ruta terrestre entre Bolivia y Perú opera desde hace años como corredor de contrabando hacia la Amazonia.