Pablo Arrocha, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acusó un "río de hierro" (Iron River, en inglés) por las armas que ingresan ilegalmente a nuestro país desde Estados Unidos y que llegan a la delincuencia, al exponer que es imperativo cortar el suministro para frenar a los cárteles.
El martes se realizó la audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington por las demandas de México contra armerías y distribuidoras estadounidenses, en la que nuestro país presentó argumentos orales y sostuvo que las acciones y omisiones permiten el tráfico ilegal de armas, lo que causa violencia y sufrimiento a la población mexicana.
"Todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos. Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México", dijo.
Corte Suprema estadounidense revisa la demanda
Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la administración del republicano Donald Trump para presionar al gobierno de Sheinbaum a luchar contra el tráfico de drogas a Estados Unidos, la máxima autoridad jurídica estadounidense, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos a favor y en contra de la demanda mexicana.
Se trata de los grupos Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, a los que acusa de comercio "negligente e ilícito" que "auxilia e instiga" al tráfico de armas que producen serios daños en México.
"Si México está en lo cierto, entonces cada organización de aplicación de la ley en Estados Unidos ha ignorado la mayor conspiración criminal de la historia realizada bajo sus propias narices", alegó Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson.
Ese grupo recurrió junto a Interstate Arms a la Corte Suprema para que zanje el caso, después de que una Corte de Apelaciones lo reabrió, al aducir que hay una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ( PLCAA, en inglés) vigente.
"Y Budweiser (la cerveza nacional que pertenece a la multinacional AB InBev) es responsable de cada accidente causado por bebedores menores de edad ya que la empresa sabe que los adolescentes van a comprar cerveza, conducir en estado de ebriedad y provocar accidentes", ironizó Noel Francisco.
En 2022, un juez de la ciudad de Boston desestimó la demanda al alegar que las reclamaciones de México tropezaban con la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero una sentencia del Tribunal de Apelaciones reavivó el caso que ahora ha llegado hasta la Corte Suprema, que tiene previsto emitir un fallo esta primavera boreal.
"Estos fabricantes saben que venden productos peligrosos a comerciantes deshonestos que luego las revenden a testaferros que trabajan para los cárteles", alegó la abogada de México Catherine Stetson.