Representantes de organizaciones de Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Chiapas que resisten a diversos megaproyectos, denunciaron durante el décimo foro social sobre democracias realizado en San Cristóbal de las Casas, el despojo de sus recursos y territorios. Afirmaron también que dirigentes o integrantes de algunas de esas agrupaciones que tienen una historia de lucha y resistencia, así como abogados que los han acompañado en los procesos jurídicos, han sido cooptados por instituciones gubernamentales estatales o federales o incorporados al partido Morena.
En el encuentro manifestaron su preocupación por la incertidumbre que les causa la llegada del nuevo poder Judicial federal "por la desaparición del juicio de amparo", una figura jurídica con la que han logrado frenar, aunque parcialmente, algunas obras o megaproyectos que han pretendido asentarse en sus territorios.
Pablo Uc, coordinador del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centro América (Odemca), del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), y organizador del foro, advirtió sobre las repercusiones de los megaproyectos en fechas recientes en México.
Dijo que Pedro Uc, de la Asamblea Múuch' Xíinbal de la península de Yucatán, una figura destacada en el proceso de resistencia contra el Tren Maya planteó la peculiaridad que tuvo este último sexenio en la militarización de los territorios mayas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Así como también toda la incorporación de bases organizadas de jóvenes y adultos mayas que resistían las tendencias de acumulación y hoy se forman como parte de la estructura de Morena.
Esa incorporación, la asamblea la percibe como una pérdida de cierta organización que por años construyeron. Pablo Uc destacó, además el sostenimiento de una estrategia de amparos legales como la principal herramienta que contuvo relativamente la construcción de los tramos del Tren Maya, hasta que llegó un momento en que los abogados que interpusieron esos recursos fueron incorporados al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Y también fueron llamados por la estructura central de Morena; es decir, estos antiguos aliados del movimiento se fueron al lado opuesto", subrayó el coordinador del Cesmeca.
Este proceso, advirtió, se percibe como un fuerte golpe, a 15 o 20 años de trabajo, desde el Congreso Nacional Indígena, o desde asambleas locales con trabajo político.
Actualmente están con la interrogante de qué significa la nueva estructura del poder Judicial, su trascendencia. Si antes la herramienta de los amparos la concebían como una vía de resistencia para ir deteniendo, al menos, parcialmente algunos proyectos, hoy se preguntan qué sigue.
Sucede, expuso el coordinador del Observatorio, que lo ven como una preocupación y una realidad, la desconfianza que les causa la nueva estructura Judicial que viene después de la elección.